La discusión de una ley general sobre feminicidio continúa abierta en el Senado. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, informó el 17 de septiembre que se revisan definiciones, sanciones y procedimientos con organizaciones, especialistas, sobrevivientes y familiares de víctimas. No fijó fecha para el dictamen.
Los cambios que se encuentran en discusión
Corral planteó que la legislación debe homologar criterios de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales. También señaló la necesidad de precisar responsabilidades para funcionarios que alteren, retrasen u obstaculicen las indagatorias, así como las condiciones para investigar las muertes violentas de mujeres.
El senador mencionó propuestas de penas de hasta 70 años y agravantes que podrían elevarlas. Esas referencias corresponden al proyecto en debate: no significan que una nueva sanción general haya entrado en vigor. El legislador sostuvo que la respuesta penal debe acompañarse de capacidad efectiva para investigar.
Entre los pendientes figuran las definiciones del delito, los mecanismos para reclasificar casos cuando la investigación lo justifique y los recursos necesarios para aplicar la norma. Corral expresó su intención de avanzar durante el periodo ordinario, sin presentar ese objetivo como una fecha ya acordada.
Qué establece actualmente el Código Penal
El artículo 325 del Código Penal Federal define el feminicidio a partir de la privación de la vida de una mujer por razones de género. Contempla, entre otros supuestos, violencia sexual, antecedentes de agresiones, amenazas, incomunicación, explotación o exposición del cuerpo en un lugar público.
La sanción federal prevista es de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días multa. Puede agravarse hasta en un tercio en determinadas circunstancias, como cuando la víctima es menor de edad, está embarazada, es adulta mayor o tiene discapacidad.
El mismo artículo también establece prisión de tres a ocho años para servidores públicos que retrasen o entorpezcan la justicia de manera maliciosa o negligente, además de multa, destitución e inhabilitación. Este marco vigente permite distinguir las disposiciones existentes de las modificaciones que aún se discuten.
Apoyo técnico para la deliberación legislativa
La Comisión de Justicia firmó el 17 de septiembre un convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El acuerdo contempla capacitación, investigación, asesoría y espacios de discusión para fortalecer el análisis de políticas públicas relacionadas con la justicia penal.
La colaboración tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2030. Corral explicó que busca acercar conocimiento especializado a la elaboración de leyes; el rector del instituto, Jorge Nader Kuri, destacó la importancia de examinar las consecuencias de las decisiones penales. El convenio no sustituye la aprobación legislativa de la propuesta sobre feminicidio.
