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Documentos vinculan rentas del PJF por 58 millones con notaría de Adán Augusto

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Una investigación periodística señala que el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio habría recibido al menos 58 millones de pesos por el arrendamiento de un edificio al Poder Judicial de la Federación (PJF), conformado por dos inmuebles formalizados ante la Notaría Pública 27 de Tabasco.

La titularidad de esa notaría corresponde al senador de Morena Adán Augusto López Hernández. Los testimonios notariales relacionados con las propiedades datan de 2011 y 2023, lo que documenta una relación de al menos 12 años entre el despacho y el empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”.

Poder Judicial paga más de 18 millones en tres años

Documentos entregados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) muestran que, entre mayo de 2023 y mayo de 2026, el Consejo de la Judicatura Federal y posteriormente el OAJ pagan 18 millones 475 mil 894 pesos por la renta y el mantenimiento del inmueble.

El edificio alberga los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, ubicados en Villahermosa, Tabasco. A esos pagos se agregan por lo menos 40 millones de pesos correspondientes a la renta establecida en un contrato de cinco años firmado en 2018.

Después de una solicitud de información, el OAJ entrega 57 comprobantes de transferencias electrónicas realizadas a Olán Aparicio. Sin embargo, la documentación proporcionada no contiene las facturas de todos los meses comprendidos en el periodo solicitado.

Dos propiedades fueron formalizadas ante la Notaría 27

El contrato identificado como VILLAHERMOSA_CTO_01_2025 establece que Amílcar Olán acredita su carácter de propietario y sus facultades para arrendar los dos inmuebles mediante testimonios notariales de 2011 y 2023.

Los instrumentos fueron formalizados ante Adela Ramos López y Gonzalo Humberto Medina Pereznieto, adscritos a la Notaría Pública 27, cuya titularidad pertenece a Adán Augusto López Hernández.

La primera propiedad es un edificio localizado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122. En ese caso, la notaría hace constar un contrato de compraventa.

El segundo inmueble se encuentra en Andador Gonzalo Ruiz Ruiz número 108. El despacho da fe de una fusión de predios y de un “contrato de donación gratuita” mediante el cual Olán obtiene la propiedad que posteriormente se integra al arrendamiento con el Poder Judicial.

Contratos establecen diferentes montos mensuales

Durante 2023, el Poder Judicial paga 597 mil 621 pesos mensuales por el arrendamiento, cantidad que incluye 53 mil 543 pesos por concepto de mantenimiento. El OAJ solamente entrega comprobantes correspondientes a mayo, junio y diciembre de ese año.

Para 2024, el monto mensual se mantiene sin cambios, pero no se proporcionan recibos de febrero a julio. En total, los comprobantes disponibles muestran pagos por 18 millones 475 mil 894 pesos durante 36 meses.

Otro documento, identificado como CAI/CAR/006/2024, solicita autorización para celebrar un contrato con Olán por 863 mil 964 pesos mensuales, con una vigencia de cinco años a partir del 27 de junio de 2024.

Notaría aparece en otras investigaciones

La Notaría 27 también da fe de la constitución de empresas relacionadas con contratos públicos. Entre ellas se encuentra Escudero Construcciones, que junto con Constructora Elvic obtiene un contrato de Petróleos Mexicanos por 986 millones de pesos.

Escudero Construcciones participa además en compañías vinculadas con Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto dirigente del grupo delictivo La Barredora.

Información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad también relaciona con esa notaría la constitución de CCTI, Surface Technology y Grupo Consultor de Tabasco. Surface Technology aparece señalada en investigaciones sobre La Estafa Maestra, esquema que involucró recursos de 11 dependencias federales y 128 empresas por 7 mil 760 millones de pesos.

La investigación documenta los actos notariales y los pagos por arrendamiento, pero no informa sobre alguna resolución judicial que determine responsabilidades de Adán Augusto López Hernández o Jorge Amílcar Olán Aparicio por estas operaciones.

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