El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encontraría viviendo en un rancho ubicado al norte de Culiacán desde que fue acusado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con la facción criminal de Los Chapitos, según información difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio. La versión surge en medio de la incertidumbre sobre el paradero del mandatario sinaloense, quien solicitó licencia temporal a su cargo en mayo pasado tras la apertura del caso en su contra.
De acuerdo con el columnista, Rocha Moya se habría trasladado a una propiedad rural ubicada aproximadamente a 110 kilómetros al norte de la capital sinaloense poco después de que fiscales estadounidenses hicieran públicas las acusaciones en una corte federal de Nueva York. Según la versión periodística, el exmandatario estatal mantiene una presencia pública mínima y sólo realizaría salidas esporádicas para atender asuntos indispensables.
La versión surge en medio del misterio sobre su paradero
Desde que solicitó licencia al cargo el pasado 1 de mayo, Rocha Moya ha aparecido públicamente en muy pocas ocasiones. Su ausencia ha alimentado especulaciones políticas y mediáticas sobre dónde permanece mientras continúan las investigaciones derivadas de las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El periodista Raymundo Riva Palacio sostiene que el gobernador con licencia prácticamente no abandona el rancho donde se encuentra resguardado y que ha reducido considerablemente su actividad pública desde que comenzó el proceso legal en su contra. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre esta versión.
Por su parte, funcionarios del Gobierno federal han señalado anteriormente que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y que no cuenta con escoltas federales, aunque tampoco han revelado una ubicación específica.
Las acusaciones de Estados Unidos marcaron un hecho sin precedentes
El caso tomó relevancia internacional el pasado 29 de abril, cuando fiscales federales estadounidenses acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. Las autoridades norteamericanas sostienen que existieron presuntos acuerdos de protección política a cambio de apoyo electoral y otros beneficios.
La acusación fue considerada histórica debido a que involucró a un gobernador en funciones. Según la investigación estadounidense, también fueron señalados otros funcionarios y exfuncionarios de alto nivel vinculados a la administración estatal.
Rocha Moya ha rechazado de manera reiterada todas las acusaciones y ha sostenido que se trata de señalamientos sin sustento. Además, ha afirmado que el proceso representa una afectación a la soberanía mexicana y ha insistido en que no existe evidencia concluyente en su contra.
México ha solicitado pruebas a Estados Unidos
Tras conocerse la acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno mexicano solicitaron a Estados Unidos la entrega de pruebas que respalden las imputaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en diversas ocasiones que cualquier solicitud de extradición debe sustentarse con elementos probatorios sólidos.
La mandataria ha sostenido que, en ausencia de pruebas contundentes, el caso podría interpretarse como una acción con motivaciones políticas. Por ello, el Gobierno federal ha insistido en que corresponde a las autoridades estadounidenses presentar la evidencia necesaria para que las instancias mexicanas puedan actuar conforme a derecho.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta tanto en Estados Unidos como en México, donde la licencia temporal de Rocha Moya permitió el nombramiento de una gobernadora interina mientras se desarrollan las indagatorias.
Sinaloa enfrenta una crisis política y de seguridad
El caso ocurre en un contexto complejo para Sinaloa, entidad que enfrenta una escalada de violencia derivada de la disputa entre grupos del crimen organizado. Diversos análisis han documentado un deterioro en indicadores de seguridad, economía y gobernabilidad durante los últimos meses.
La ausencia pública del gobernador con licencia ha generado cuestionamientos entre sectores empresariales, organizaciones civiles y actores políticos, quienes han solicitado mayor transparencia sobre el avance de las investigaciones y sobre la situación jurídica de los funcionarios señalados.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente que Rocha Moya permanezca en el rancho mencionado por Riva Palacio, por lo que dicha versión debe considerarse una afirmación periodística que no ha sido corroborada por instancias gubernamentales.
