El proyecto Olinia, impulsado por el Gobierno de México como una apuesta para desarrollar el primer vehículo eléctrico nacional de bajo costo, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que una investigación periodística revelara que parte de su diseño y conceptualización fue asignada a una empresa de telefonía celular con sede en Mérida, Yucatán. Las revelaciones han generado críticas sobre la transparencia del proceso de contratación y sobre la experiencia técnica de la compañía involucrada.
La polémica surge apenas días después de la presentación pública del prototipo del automóvil eléctrico, promovido por el Gobierno federal como un proyecto estratégico para impulsar la electromovilidad y el desarrollo tecnológico nacional. Sin embargo, los señalamientos han abierto un debate sobre la forma en que fueron asignados algunos contratos relacionados con la iniciativa.
Una empresa de telefonía participó en el desarrollo de Olinia
De acuerdo con la investigación difundida por el periodista Jorge García Orozco y retomada por diversos medios, la empresa Rocketel S.A.P.I. de C.V., operadora de telefonía móvil bajo la marca Mi Móvil, recibió un contrato por alrededor de cinco millones de pesos para participar en tareas relacionadas con el diseño y conceptualización del proyecto Olinia.
La compañía tiene su origen en el sector de telecomunicaciones y fue constituida en 2013 para ofrecer servicios vinculados principalmente a consultoría y operaciones relacionadas con telefonía celular y tecnología. La investigación señala que no existe un historial público ampliamente conocido de participación en proyectos automotrices o de electromovilidad.
Según los documentos citados en el reportaje, el contrato habría sido otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) durante 2025. Entre los trabajos realizados se encontrarían aspectos técnicos relacionados con el vehículo y elementos de identidad visual del proyecto.
Cuestionan la falta de licitación pública
Uno de los principales señalamientos expuestos por la investigación es que el contrato habría sido asignado sin un proceso de licitación pública abierta. Este punto ha generado cuestionamientos por parte de analistas y usuarios en redes sociales que exigen mayor transparencia sobre la selección de proveedores involucrados en el proyecto.
La información difundida sostiene que los cinco millones de pesos asignados representan una parte importante de los recursos destinados inicialmente al desarrollo de Olinia durante 2025. Por ello, algunos críticos consideran necesario que las autoridades expliquen los criterios utilizados para elegir a la empresa.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado públicamente sobre posibles irregularidades en la contratación ni han anunciado investigaciones relacionadas con el caso.
También surgen dudas sobre la seguridad del vehículo
Además de las preguntas relacionadas con la contratación, la investigación también señala que existen dudas respecto a las pruebas de seguridad y especificaciones técnicas del vehículo eléctrico mexicano.
Según los reportes citados, al solicitar información relacionada con pruebas de desempeño y seguridad, la dependencia responsable argumentó que algunos datos no podían hacerse públicos debido a razones vinculadas con la protección de ventajas competitivas del proyecto.
Esta situación ha generado cuestionamientos entre especialistas y usuarios, quienes consideran que los futuros compradores necesitarán conocer detalles sobre certificaciones, pruebas de impacto, desempeño de baterías y estándares de seguridad antes de la comercialización del vehículo.
El Gobierno mantiene su apuesta por la electromovilidad
A pesar de las críticas, el proyecto Olinia continúa siendo presentado por el Gobierno federal como una iniciativa estratégica para desarrollar una industria nacional de vehículos eléctricos accesibles. La meta oficial es producir unidades de bajo costo destinadas principalmente a la movilidad urbana.
Durante la presentación del prototipo, las autoridades señalaron que Olinia busca convertirse en una plataforma industrial capaz de impulsar innovación, proveeduría nacional y desarrollo tecnológico en México. Asimismo, se ha informado que la producción comercial estaría prevista para iniciar en 2027.
Sin embargo, los cuestionamientos sobre la contratación de proveedores, la transparencia del proyecto y las características técnicas del vehículo continúan alimentando el debate público en torno a una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno en materia de movilidad sustentable.
La discusión sobre Olinia apenas comienza
Por ahora, las acusaciones difundidas forman parte de una investigación periodística y no existe una resolución oficial que determine irregularidades en el desarrollo del proyecto. No obstante, el caso ha puesto bajo escrutinio los procesos de contratación y la información disponible sobre el vehículo eléctrico mexicano.
A medida que avance la construcción de la plataforma industrial y se acerque la etapa de producción comercial, especialistas, legisladores y ciudadanos probablemente continuarán exigiendo mayor claridad sobre los recursos públicos utilizados, los criterios de contratación y las pruebas que respaldan la viabilidad del proyecto Olinia.
