La contratación pública en México enfrenta desafíos estructurales que podrían estar limitando la competencia, reduciendo la participación de nuevos proveedores y generando importantes ineficiencias en el uso de recursos públicos. Así lo revela una investigación aplicada desarrollada durante tres años por Sergio Arturo Bárcena Juárez, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, quien analizó millones de registros históricos relacionados con compras gubernamentales para identificar patrones de concentración, vacíos de información y barreras operativas dentro del sistema de licitaciones.
El estudio, realizado entre abril de 2023 y marzo de 2026, utilizó información proveniente de CompraNet, ComprasMX, INEGI, bases de datos gubernamentales abiertas y diversas fuentes públicas complementarias. Los resultados ofrecen una radiografía detallada sobre cómo opera actualmente el ecosistema de contratación pública en México y evidencian fenómenos que podrían afectar la competitividad y la transparencia.
500 proveedores concentran la mitad del presupuesto público
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis corresponde al elevado nivel de concentración económica dentro del universo de proveedores registrados en CompraNet.
De acuerdo con la investigación, de los 286 mil 669 proveedores registrados en el sistema, apenas 500 empresas concentran el 50% de todo el presupuesto público adjudicado entre 2010 y 2024. Esto significa que únicamente el 0.17% de los participantes absorbe la mitad de los recursos contratados por el gobierno.
La concentración se vuelve aún más pronunciada al observar a los principales actores del mercado. El estudio señala que solo 100 proveedores, equivalentes al 0.03% del total registrado, retienen el 30.8% de los montos contratados por el sector público.
Además, este grupo de 500 empresas concentra hasta 288 veces más recursos de los que recibiría bajo una distribución proporcional entre todos los participantes registrados.
Miles de contratos presentan vacíos de información
Otro de los hallazgos identificados por la investigación está relacionado con la calidad y disponibilidad de los datos públicos.
El análisis detectó 349 mil 557 contratos registrados con la descripción «sin dato», además de 5 mil 340 contratos sin proveedor identificado, 5 mil 182 sin monto verificable y mil 473 registros con valor de cero pesos.
Estos vacíos dificultan la trazabilidad de los recursos públicos y limitan la capacidad de auditoría y supervisión ciudadana.
A ello se suma que entre 2021 y 2024 se registraron 64 mil 061 procedimientos planeados dentro de ComprasMX, de los cuales el 99.94% omitió incluir el monto estimado de compra, reduciendo significativamente la posibilidad de evaluar la planeación del gasto gubernamental.
Más contratos directos, menos competencia abierta
Los datos también muestran una diferencia importante entre la cantidad de contratos adjudicados y el dinero involucrado.
Durante 2023, la Administración Pública Federal registró 325 mil 352 contratos. De ellos, el 81% se otorgó mediante adjudicación directa; sin embargo, estos representaron solo el 37% del monto contratado.
En contraste, las licitaciones públicas representaron apenas el 14% de los contratos realizados, pero concentraron cerca del 60% de los recursos asignados.
La investigación concluye que, en promedio, una licitación pública mueve montos 9.4 veces superiores a los de una adjudicación directa.
Barreras que dificultan la participación de nuevas empresas
El estudio también documenta diversos obstáculos operativos que limitan la participación de pequeñas y medianas empresas.
Entre ellos destacan requisitos documentales que pueden alcanzar entre 500 y 600 hojas por propuesta, además de costos técnicos históricos estimados en alrededor de 250 pesos por hoja para su integración especializada.
A esto se suman bases de participación con costos que oscilan entre 800 y 8 mil pesos para determinados concursos, así como tiempos administrativos extensos que contrastan con ventanas públicas reducidas para la presentación de aclaraciones y documentación.
Los investigadores también identificaron casos donde propuestas completas fueron descalificadas por errores estrictamente formales, como utilizar tinta de un color distinto al especificado en las bases.
La tecnología como herramienta para modernizar el sistema
Ante este panorama, los especialistas consideran que la tecnología y la inteligencia artificial podrían contribuir a reducir cargas administrativas, mejorar la trazabilidad documental y facilitar la participación de nuevos competidores.
La investigación plantea que herramientas de automatización, análisis documental y estructuración de expedientes podrían ayudar a disminuir retrasos operativos, fortalecer la supervisión y generar condiciones más equitativas para proveedores, instituciones públicas y compradores privados.
Más allá de la digitalización, el estudio pone sobre la mesa un debate de fondo: cómo construir un sistema de contratación pública más transparente, competitivo y eficiente en un país donde miles de millones de pesos dependen cada año de los procesos de licitación. Los hallazgos muestran que todavía existen áreas de oportunidad significativas para fortalecer la competencia y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos.
