La confrontación política en Chihuahua escaló este martes luego de que legisladores y dirigentes de Morena presentaran formalmente ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, argumentando posibles violaciones constitucionales relacionadas con la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad realizados dentro del estado. El documento fue recibido por la Secretaría General de San Lázaro y marca un nuevo episodio en la crisis política que atraviesa la entidad.
La petición surge después del llamado “caso CIA”, investigación abierta tras el accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara donde murieron presuntos agentes estadounidenses durante un operativo contra el crimen organizado. Morena sostiene que deben aclararse las condiciones bajo las cuales habrían participado elementos extranjeros en territorio mexicano.
La gobernadora panista ha rechazado previamente los señalamientos y afirmó que no autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de agentes de Estados Unidos en el operativo investigado.
Morena acusa posibles violaciones a la soberanía nacional
La solicitud presentada por legisladores de Morena argumenta que existieron actos que podrían representar afectaciones a la soberanía nacional y eventuales responsabilidades políticas derivadas de la colaboración con agentes extranjeros. El documento fue respaldado por diputados locales y dirigentes partidistas de Chihuahua.
Entre los señalamientos aparecen presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de personal estadounidense en tareas operativas contra grupos criminales dentro del estado.
Incluso algunos promoventes han utilizado conceptos como “violación constitucional” y “afectación a la soberanía” para justificar la petición de juicio político.
La dirigencia nacional de Morena confirmó además que continuará impulsando acciones políticas y movilizaciones relacionadas con el caso.
El “caso CIA” detonó la crisis política en Chihuahua
El origen del conflicto se remonta al operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde un convoy involucrado en acciones contra un presunto narcolaboratorio sufrió un accidente que dejó víctimas mortales.
Posteriormente surgieron reportes sobre la posible presencia de agentes estadounidenses vinculados con labores de inteligencia o acompañamiento operativo, situación que abrió investigaciones federales.
La Fiscalía General de la República citó previamente a comparecer a Maru Campos y a funcionarios estatales en calidad de testigos para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades relacionadas con la actuación de personal extranjero.
Hasta ahora, la investigación continúa abierta y no existe una resolución definitiva sobre responsabilidades.
Maru Campos rechaza las acusaciones
La gobernadora de Chihuahua respondió anteriormente que mantendrá su postura y negó haber participado en decisiones relacionadas con la eventual presencia de agentes de Estados Unidos.
“Ni un paso atrás”, expresó al referirse a las acciones impulsadas por Morena y sostuvo que continuará al frente del gobierno estatal pese a la presión política.
Campos también defendió la necesidad de colaboración internacional para combatir al crimen organizado, aunque subrayó que cualquier coordinación debe realizarse mediante mecanismos institucionales y dentro del marco legal mexicano.
El PAN anunció respaldo total a la mandataria y acusó que la ofensiva forma parte de una estrategia política rumbo al proceso electoral de 2027.
La Cámara de Diputados analizará la solicitud
La recepción del documento no significa que exista un juicio político aprobado ni implica responsabilidad acreditada.
El procedimiento establece que la solicitud deberá revisarse para determinar si reúne elementos suficientes para avanzar hacia etapas posteriores. Además, existen decenas de expedientes similares pendientes de análisis en el Congreso.
Mientras tanto, el caso mantiene tensión entre Morena y el PAN, convirtiéndose en uno de los temas políticos más relevantes del norte del país.
El desarrollo de la investigación federal y la revisión legislativa podrían influir en el panorama político de Chihuahua rumbo a la sucesión estatal de 2027.
