La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) rechazó las acusaciones sobre una supuesta persecución contra periodistas y aseguró que sus investigaciones se realizan únicamente con base en denuncias y posibles hechos delictivos, sin tomar en cuenta profesión, actividad o postura pública de las personas involucradas. La postura fue fijada por la fiscal estatal María Manuela García Cázares, en medio de cuestionamientos de organizaciones civiles y colectivos defensores de la libertad de expresión.
Las declaraciones surgieron después de críticas relacionadas con la detención de tres personas señaladas por probables delitos contra la dignidad humana, caso que abrió un debate sobre posibles afectaciones al ejercicio periodístico y al debido proceso. Diversos colectivos manifestaron preocupación por el uso de mecanismos judiciales contra comunicadores y medios digitales de la región.
Ante ello, García Cázares afirmó que la Fiscalía “investiga hechos denunciados con apariencia de delito” y sostuvo que no existe trato diferenciado por profesión, edad, creencias o actividad laboral.
Fiscal asegura que no hay investigaciones abiertas contra periodistas
La titular de la FGESLP señaló que actualmente no existen investigaciones ni mandamientos judiciales dirigidos contra personas dedicadas al periodismo en San Luis Potosí. También negó que el Gobierno estatal influya en las decisiones operativas o jurídicas de la institución.
La funcionaria explicó que las actuaciones ministeriales se sustentan en el Código de Procedimientos Penales del Estado y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, insistiendo en que cualquier medida cautelar o mandato judicial depende de resoluciones emitidas por jueces y no exclusivamente por la Fiscalía.
García Cázares pidió además evitar interpretar a la institución como un órgano sancionador o persecutorio, argumentando que la FGESLP actúa como representante jurídico de quienes presentan denuncias y corresponde al Poder Judicial determinar responsabilidades.
Organizaciones mantienen preocupación por libertad de expresión
A pesar del posicionamiento oficial, organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa mantienen sus alertas. Reportes recientes señalaron presuntas detenciones arbitrarias y posibles acciones judiciales contra comunicadores en la región de la Huasteca potosina, lo que generó llamados para revisar la actuación institucional.
Entre las preocupaciones expresadas aparecen posibles afectaciones a medios independientes, uso excesivo de procesos legales y eventuales riesgos para el ejercicio periodístico. Los colectivos solicitaron transparencia sobre las investigaciones y garantías para la libertad de expresión.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate nacional sobre el equilibrio entre procuración de justicia, derechos humanos y protección al trabajo periodístico, particularmente en entidades donde organizaciones civiles han documentado tensiones entre autoridades y medios locales.
Por ahora, la Fiscalía de San Luis Potosí sostiene que no existe persecución institucional y que las investigaciones seguirán desarrollándose bajo criterios de legalidad y debido proceso.
