La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno impulsará un “Plan B” en materia electoral luego de que su propuesta de reforma no obtuviera la mayoría necesaria para ser aprobada en la Cámara de Diputados de México.
Durante su conferencia matutina del jueves 12 de marzo, la mandataria explicó que la nueva iniciativa buscará reducir privilegios en congresos locales y ayuntamientos, además de ampliar los mecanismos de participación ciudadana.
La propuesta original formaba parte de la agenda política del gobierno federal y pretendía disminuir el gasto público destinado a partidos políticos y autoridades electorales. No obstante, el proyecto fue rechazado en el pleno del Congreso al no alcanzar la mayoría requerida.
Un nuevo proyecto tras el rechazo legislativo
Tras el revés legislativo, Sheinbaum afirmó que el resultado no representa una derrota para su administración.
“No es una derrota. Yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario; la gente sabe que uno no está dispuesta a negociar todo”, expresó durante su conferencia.
La presidenta adelantó que el 16 de marzo enviará al Congreso una nueva propuesta que dará forma al llamado Plan B, el cual incluirá medidas para ajustar los presupuestos de los poderes legislativos locales.
El objetivo, explicó, es evitar diferencias marcadas entre congresos estatales que cuentan con el mismo número de legisladores pero manejan presupuestos muy distintos.
Límites al gasto en congresos y municipios
Uno de los ejes centrales del nuevo plan será establecer topes al presupuesto de los congresos locales, con el fin de racionalizar el uso de recursos públicos.
Según la mandataria, actualmente existen estados con estructuras legislativas similares que operan con niveles de gasto muy diferentes. Con la fijación de límites presupuestales, se busca homologar criterios y reducir recursos destinados principalmente a funciones administrativas.
Menos regidores en los ayuntamientos
Otra de las medidas contempladas es reducir el número de regidores en algunos municipios del país.
De acuerdo con la presidenta, hay ayuntamientos con más cargos de representación de los necesarios, lo que incrementa el gasto público sin que necesariamente se traduzca en mejores servicios.
“Si un municipio tiene 20 regidores y se establece un límite menor, el recurso que se ahorre se quedará en el propio municipio”, explicó.
La idea es que los recursos liberados se destinen directamente a obras y servicios básicos, como drenaje, agua potable, pavimentación y bacheo.
Más participación ciudadana
El Plan B también plantea ampliar los mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Entre las propuestas se encuentra permitir que algunos temas electorales puedan someterse a consulta popular, algo que actualmente tiene restricciones legales.
Uno de los ejemplos mencionados por la mandataria es que los ciudadanos puedan opinar mediante consultas sobre el financiamiento público a los partidos políticos.
Cambios en la revocación de mandato
La propuesta también contempla modificar el mecanismo de revocación de mandato.
Actualmente, este proceso solo puede realizarse durante el tercer año de gobierno. La iniciativa plantea que también pueda aplicarse en el cuarto año de la administración, con el objetivo de ampliar las herramientas de evaluación ciudadana sobre el desempeño de los gobernantes.
Así fue la votación de la reforma electoral
La iniciativa original fue discutida el miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados. Durante la votación obtuvo:
- 246 votos a favor de legisladores de Morena
- 12 votos del Partido Verde Ecologista de México
- 1 voto del Partido del Trabajo
En contraste, 234 diputados votaron en contra, incluidos legisladores de partidos de oposición como el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.
Además, algunos legisladores del PT y del PVEM también votaron en contra, lo que impidió alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
Ante este escenario, el gobierno federal buscará avanzar ahora con el llamado Plan B, centrado en cambios legales relacionados con la estructura y el gasto de los gobiernos locales.
