El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este martes que los disturbios en Los Ángeles—derivados de las redadas migratorias de su administración—buscan “prolongar una invasión extranjera” al país, un argumento que utilizó para justificar el envío de miles de tropas federales a la ciudad.
Contexto y ámbito legal
Las manifestaciones, iniciadas el 6 de junio tras redadas del ICE, fueron mayormente pacíficas, aunque se registraron episodios de violencia, incluyendo vandalismo y enfrentamientos con la policía. En respuesta, Trump desplegó 4 000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines, activados según el Título 10, sin invocar la Ley de Insurrección —aunque dejó la puerta abierta a ella.
Declaraciones de Trump
Desde Fort Bragg, la mayor base militar del país, Trump declaró:
“Lo que están presenciando en California es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras… No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero.”
También condenó la quema de banderas de EE. UU., proponiendo prisión de hasta un año y adelantó que trabajará con legisladores para sancionar esos actos.
Rechazo estatal y debate constitucional
Frente al despliegue, el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass calificaron la acción como innecesaria y excesiva, presentando una demanda que acusa abuso de autoridad y violación de la Décima Enmienda. Además, organizaciones como Human Rights Watch se sumaron a las críticas, defendiendo que las manifestaciones eran controlables por fuerzas locales .
Repercusiones y balance
Este despliegue militar dentro de territorio nacional despierta inquietudes sobre posibles abusos del poder ejecutivo. Líderes demócratas y juristas advierten que podría sentar un precedente autoritario y erosionar la soberanía estatal, además de intensificar tensiones en un contexto migratorio ya volátil. Trump, por su parte, argumenta que esta operación es un componente de su agenda de seguridad e inmigración, afirmando que busca proteger la integridad nacional.
El choque entre el federalismo y el orden público, junto con el uso excepcional de tropas locales, plantea un debate crucial sobre los límites del poder presidencial y el papel de las leyes federales en la gestión de manifestaciones.
