Toque de queda en Los Ángeles intensifica tensión tras redadas migratorias

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Un reciente incremento de redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles —impulsado por órdenes de la Casa Blanca— ha generado una fuerte respuesta pública, protestas y la imposición de un toque de queda en el centro de la ciudad, decretado por la alcaldesa Karen Bass. El siguiente análisis es una revisión imparcial de los hechos, actores y repercusiones.

Expansión de redadas y líneas ejecutivas

Según la cadena The Wall Street Journal, Stephen Miller —asesor de Trump— insistió en modificar las órdenes de ICE, ampliando su alcance más allá de delincuentes a “todo inmigrante indocumentado” en lugares como Home Depot o 7‑Eleven, sin hacer distinción. La meta era detener hasta 3 000 personas por día, lo que marcó el inicio de los operativos más agresivos en ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago o Nueva York.

Respuesta de Trump y despliegue militar

Frente a disturbios —en su mayoría pacíficos con algunos casos de vandalismo— el presidente Trump autorizó el envío de 4 000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines, justificando la medida de seguridad argumentando que los manifestantes tenían “armas” y eran “muy peligrosos”. Asimismo, advirtió que si el fenómeno se replicaba en otras ciudades, la misma fuerza se emplearía para contenerlo.

Toque de queda y movilizaciones

Para contener el vandalismo —como saqueos— la alcaldesa Karen Bass decretó toque de queda nocturno en zonas específicas del centro de Los Ángeles. No obstante, las protestas han continuado, con al menos 25 manifestaciones adicionales en diversas ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Atlanta o Nueva York.

Choque con las autoridades estatales

El gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue de fuerzas federales como una acción “ilegal” y declaró que acudirá a instancias legales para frenarlo. Lo consideró “actos de un dictador, no de un presidente”.

Repercusiones sociales y propagación nacional

Las redadas y protestas provocaron temores entre comunidades inmigrantes y afectaron espacios como eventos deportivos. Por ejemplo, el equipo mexicano que compitió en un amistoso en Carolina del Norte reportó baja asistencia por miedo a represalias migratorias. Asimismo, las marchas continuaron en múltiples ciudades del país, reflejo de un descontento social creciente.

Finanzas y costos del operativo

El despliegue militar tendrá un costo aproximado de 134 millones de dólares, según estimaciones del Pentágono al Congreso. Además, se reportan casos de uso excesivo de fuerza: periodistas heridos con balas de goma y acceso restringido a legisladores a centros de detención.

En resumen, la combinación de medidas migratorias ampliadas, militarización de operativos, toque de queda y protestas sitúa a Los Ángeles en una situación crítica. La tensión política entre gobiernos federal y estatal se acentúa, mientras que las implicaciones sociales, económicas y legales se despliegan en distintas esferas.

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