TEPJF recibe 50 impugnaciones por elección judicial: acusan fraude y piden recuento

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El pasado 1 de junio se realizó por primera vez en México una elección popular para renovar magistraturas del Poder Judicial. En esta jornada —organizada por el INE e incluida en una reforma judicial única en 2024— se escogieron cerca de 881 cargos: ministros, magistrados, jueces y magistradas regionales. El proceso concluyó con el conteo distrital entre el 1 y el 10 de junio, y el Consejo General del INE declaró válidos los resultados.

Primeras impugnaciones: reclamos y demandas

El 11 de junio, la Sala Superior del TEPJF recibió 50 Juicios de Inconformidad (JIN) interpuestos por candidaturas que no resultaron electas. Quienesjos denuncian:

  • Errores en el conteo de votos y en la integración de casillas;
  • Uso de “acordeones” —listas de promocionales caseros — previos a la elección que supuestamente orientaron el voto, presuntamente respaldados por instancias gubernamentales;
  • Exigen el recuento total de boletas o, en su caso, la nulidad de la elección.

El caso emblemático es el de Hugo Abelardo Herrera Sámano, aspirante a magistrado por la Ciudad de México. Aunque obtuvo 422 mil votos, quedó detrás de José Luis Ceballos Daza, señalado como el favorito por los “acordeones”. Su demanda: anular casillas específicas o repetir el voto.

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¿Qué sigue en el TEPJF?

Las 50 impugnaciones ya fueron distribuidas entre las ponencias de la Sala Superior para iniciar análisis. El tribunal deberá:

  1. Evaluar la validez de las pruebas: cotejar discrepancias, revisar integridad de casillas y verificar el uso de listas de orientación ciudadana.
  2. Determinar el procedimiento: resolver si procede un recuento total, parcial o declarar nulidad.
  3. Decidir competencia: determinar si el caso debe quedar en manos del TEPJF o escalar a la Suprema Corte (SCJN), según corresponda.

Además, el TEPJF rechazó solicitudes del Senado para convocar elecciones extraordinarias en casos de empate o inelegibilidad, declarando infundada esa atribución al INE. Hasta 2027, los cargos se quedarán vacantes si no se resuelven en tiempo.

El valor simbólico y jurídico del caso

  • Diseño democrático novedoso: esta elección judicial marcó un avance institucional histórico que pone al Poder Judicial bajo escrutinio ciudadano.
  • Confianza y legitimidad en juego: errores en tómbolas y supuestas intervenciones gubernamentales ya habían generado dudas, aunque miles de impugnaciones anteriores fueron desechadas por falta de sustento.
  • Balance jurisdiccional: la competencia entre TEPJF, SCJN y el INE demuestra la tensión entre poderes tras la reforma de 2024.

Voces relevantes del proceso

  • Janine Otálora, magistrada del TEPJF, ha expresado críticas sobre la premura y deficiencias operativas del proceso, señalando fallas en la organización y el diseño de boletas y exhortando a mejoras para 2027.
  • El INE, a través del IEEM y consejerías locales, defendió la limpieza del proceso, afirmando que no hubo pérdidas de paquetes ni irregularidades mayúsculas .
  • Actores políticos, como Morena y el Senado, protagonizan disputas por las atribuciones de promoción y fiscalización del proceso, lo que ya dio pie a impugnaciones previas .

Lo que se avecina

  • Resoluciones clave: el TEPJF deberá emitir sus fallos en las impugnaciones iniciales, estableciendo si hubo desvíos significativos que exijan recuento o anulación.
  • Tiempo límite: la entrega de constancias y toma de posesión podría retrasarse, dependiendo de las resoluciones y recursos ante la SCJN.
  • Lecciones para el 2027: la evaluación de este proceso servirá para ajustar reformas y procesos de capacitación para futuras elecciones judiciales.

Las primeras 50 impugnaciones al proceso electoral judicial representan un momento crucial para valorar la nueva elección popular del Poder Judicial. La respuesta del TEPJF definirá si se consolida una democracia judicial transparente o si persiste la sospecha de déficits institucionales. La historia está en curso, y México observa cómo una elección inédita pone a prueba la confianza en su sistema de justicia.

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