La empresa Telmex fue notificada de una resolución que le impide retirar los teléfonos públicos que aún operan con tarjeta en México, pese a sus planes de modernizar la infraestructura de telecomunicaciones.
La decisión fue tomada por un órgano regulador al argumentar que estos dispositivos aún cumplen una función social importante, particularmente en zonas donde el acceso a telefonía móvil es limitado.
La medida busca garantizar que sectores de la población que dependen de esos teléfonos —como personas de bajos ingresos, migrantes o habitantes de zonas rurales— no se queden sin acceso a servicios de comunicación esenciales.
Autoridades indicaron que la operación de teléfonos públicos con tarjeta sigue siendo relevante en la estrategia de conectividad y comunicación en el país, por lo que su retiro inmediato no será autorizado.
Telmex y el contexto de la infraestructura pública
Telmex, la principal empresa de servicios telefónicos en México, formuló su intención de retirar estos aparatos como parte de una actualización tecnológica que busca impulsar servicios digitales más avanzados y eficientes.
No obstante, la presencia de teléfonos públicos ha sido tradicionalmente vista como un servicio universal básico que permite comunicación a personas que no cuentan con dispositivos móviles o planes de datos.
El regulador consideró que la empresa debe garantizar una transición que no afecte a usuarios vulnerables, por lo que deberá presentar un plan que contemple alternativas de acceso antes de ejecutar cualquier retiro.
Este escenario ha generado un diálogo entre autoridades y la empresa para encontrar un equilibrio entre la modernización de la red y la garantía de acceso universal.
Impacto en usuarios y comunidades
Los teléfonos públicos con tarjeta son utilizados con frecuencia en localidades con cobertura móvil irregular o en zonas marginales, donde los costos de servicios móviles pueden ser prohibitivos para parte de la población.
Grupos civiles y organizaciones sociales han señalado que la eliminación de estos servicios sin una alternativa real representaría una afectación a derechos básicos de comunicación, especialmente en casos de emergencias.
Algunos usuarios han manifestado que aún encuentran útil este tipo de servicio por su bajo costo y accesibilidad, sobre todo en comunidades indígenas y rurales distantes de las grandes ciudades.
El debate se ha centrado en la necesidad de preservar la conectividad como un derecho fundamental, incluso en medio de procesos de transformación tecnológica.
Próximos pasos y criterios de regulación
Las autoridades ordenaron a Telmex presentar un plan detallado para cualquier transición que contemple el retiro paulatino de teléfonos públicos con tarjeta, incluyendo propuestas de sustitución y mecanismos de acceso alternativo para los usuarios.
El plan será evaluado bajo criterios técnicos y sociales, tomando en cuenta la cobertura de comunicación en distintas regiones y la situación de grupos vulnerables.
Se espera que este proceso incluya consultas y revisiones periódicas para asegurar que la modernización no deje atrás a sectores sin acceso a tecnologías móviles modernas.
Mientras tanto, los teléfonos públicos con tarjeta permanecerán en operación y deberán seguir prestando servicio hasta que se autorice un plan de retiro que cumpla con las condiciones establecidas.
