El Gobierno de México exigió la suspensión inmediata de la subasta en Francia de 40 piezas arqueológicas mexicanas, programada para el 27 de febrero de 2026 en París por la Casa Millon. Las autoridades señalaron que los objetos forman parte del patrimonio cultural de la Nación y que su comercialización vulnera la legislación mexicana e instrumentos internacionales de protección cultural.
La venta, titulada Les Empires de Lumière, contempla piezas que, tras ser revisadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fueron identificadas como bienes arqueológicos protegidos por ley, inalienables e imprescriptibles.
Las piezas arqueológicas mexicanas son propiedad de la Nación
De acuerdo con el dictamen técnico emitido por el INAH, los objetos incluidos en el catálogo de la subasta constituyen bienes arqueológicos conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La normativa establece que estos bienes son propiedad de la Nación y que su exportación está prohibida desde 1827.
En ese sentido, la Secretaría de Cultura subrayó que la presencia de las piezas fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita, ya que no existe autorización legal para su comercialización en el extranjero.
La secretaria de Cultura, Claudia Stella Curiel de Icaza, expresó en un comunicado oficial la postura del Gobierno mexicano:
“En nombre del Gobierno de México, expreso nuestra rotunda desaprobación y rechazo a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México”.
Las autoridades enfatizaron que estos objetos no son simples bienes comerciales, sino vestigios que integran la memoria histórica de los pueblos originarios y representan una parte fundamental de la identidad cultural del país.
México inicia acciones legales para detener la subasta en Francia
Además de exigir la cancelación de la subasta en Francia de las piezas arqueológicas mexicanas, el Gobierno informó que ya se iniciaron procedimientos jurisdiccionales para buscar su repatriación a través de los canales diplomáticos y legales correspondientes.
La Secretaría de Cultura reiteró su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes históricos, en apego a la legislación nacional y a tratados internacionales suscritos por México.
En el comunicado también se hizo un llamado a reflexionar sobre los códigos éticos que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, al advertir que este tipo de ventas no solo afecta a México, sino que atenta contra el patrimonio cultural de la humanidad.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate internacional la problemática del comercio de piezas arqueológicas y la responsabilidad de casas de subastas, coleccionistas e instituciones en la protección del legado histórico de las naciones.
