La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado al Congreso la pronta aprobación de las leyes secundarias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de revertir gran parte de la reforma energética de 2013. Según sus declaraciones, estas modificaciones serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el próximo 18 de marzo.
Una reforma para recuperar el control estatal
Sheinbaum destacó que esta iniciativa busca devolver el control de Pemex y CFE al pueblo de México, eliminando su clasificación como empresas productivas del Estado para reinstaurarlas como entidades públicas. En su opinión, la reforma de 2013 debilitó a ambas compañías, reduciendo su producción y aumentando su endeudamiento, además de propiciar corrupción y una pérdida de soberanía energética.
“La reforma de 2013 pretendía desaparecer a Pemex y CFE. Se argumentó que volverlas empresas productivas del Estado las haría más eficientes, pero lo que ocurrió fue lo contrario: CFE produjo menos electricidad y Pemex redujo su producción y refinación, mientras su deuda crecía”, afirmó la mandataria.}
Un cambio estratégico para el desarrollo nacional
Desde Palacio Nacional, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, respaldó la postura de Sheinbaum y aseguró que la reforma energética aprobada recientemente, que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, busca devolver al Estado el control sobre sectores estratégicos.
“La electricidad y los hidrocarburos son recursos fundamentales para el país, y su administración nunca debió alejarse del Estado. Esta reforma garantiza que Pemex y CFE operen de manera eficiente y ofrezcan servicios y combustibles a precios accesibles para la población”, subrayó González Escobar.
El pasado 30 de octubre, tras la aprobación de la reforma por el Congreso y la mayoría de los congresos estatales, Sheinbaum firmó un decreto oficializando el regreso de Pemex y CFE como empresas públicas. Con esta decisión, su administración busca fortalecer la soberanía energética y garantizar el acceso a recursos estratégicos bajo una gestión estatal eficiente.
La reforma se presenta como un cambio clave en la política energética del país, marcando un giro respecto a los lineamientos establecidos en la última década. Ahora, la atención está puesta en la discusión y aprobación de las leyes secundarias, un paso esencial para consolidar este nuevo modelo.
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