La presidencia aclara que Estados Unidos no solicitó entregar a políticos ligados al narco; las extradiciones recientes se enmarcan en decisiones soberanas del Consejo de Seguridad.
Extradiciones bajo autonomía: Sheinbaum responde a versiones internacionales
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que Estados Unidos haya presionado a México para entregar a políticos vinculados al narcotráfico. Ante versiones de medios sobre supuestas solicitudes de extradición, la mandataria calificó estas afirmaciones como “absolutamente falsas”, subrayando que ni en llamadas con Donald Trump, ni en conversaciones entre cualquier miembro de su gabinete y autoridades estadounidenses, se ha planteado la entrega de alguna persona ligada a la política mexicana.
Decisión del Estado mexicano, no imposición externa
Sheinbaum explicó que el envío de 29 personas acusadas de delitos de narcotráfico a Estados Unidos no fue producto de presiones externas, sino de una decisión autónoma del Consejo de Seguridad Nacional, conforme al marco jurídico vigente. Enfatizó que todas las extradiciones que se han realizado responden a criterios de seguridad y legalidad nacional.
En palabras de la presidenta: “Falso de toda falsedad esta pretensión de algunos columnistas… nada más que sus contactos… no tienen ninguna información privilegiada” .
SRE y gobierno respaldan desmentido oficial
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respaldó la postura de la presidencia, catalogando las versiones periodísticas como infundadas. Señaló que no hubo solicitudes formales o informales de extraditar a políticos mexicanos, y que en todas las conversaciones de alto nivel con EE.UU. —incluidos encuentros entre el canciller y el Departamento de Estado— no se abordó la entrega de figuras públicas
El medio Reuters había reportado, citando cuatro fuentes no identificadas, que el gobierno de EE.UU. habría pedido investigar y posiblemente extraditar a políticos sospechosos de vínculos con el crimen organizado—incluso miembros de Morena. Sin embargo, no se presentaron nombres específicos ni evidencia concreta, y la agencia informó que no pudo confirmar si se proporcionaron pruebas directas ni si las figuras señaladas cometieron delitos.
Ante esto, Sheinbaum calificó la nota como “fake news” y cuestionó su coincidencia temporal, dado que salió el mismo día que se reunió con el subsecretario de Estado Christopher Landau.
Contexto de las extradiciones recientes
En febrero y marzo de 2025, México extraditó a 29 acusados de narcotráfico, entre los que destacan Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, así como líderes vinculados al CJNG. Estas decisiones fueron tomadas por el Consejo de Seguridad y justificadas legalmente bajo la Ley de Seguridad Nacional con base en amenazas a la seguridad del Estado.
Simultáneamente, Sheinbaum ha reafirmado que la relación bilateral con EE.UU. se centra en temas como migración, comercio y seguridad, siempre respetando la soberanía de México y sin aceptar condiciones que comprometan a ningún funcionario público.
Significado político y geopolítico
Este episodio ocurre en un contexto tenso y complejo entre México y Estados Unidos. Desde presiones arancelarias hasta denuncias sobre colusión con el crimen organizado, la administración de Trump ha utilizado diversas herramientas de presión. La negativa de Sheinbaum y su equipo resalta un enfoque de defensa de la autonomía nacional frente a versiones que podrían socavar la legitimidad del gobierno mexicano
Además, el gobierno mexicano ha reforzado su narrativa de combate a la impunidad y corrupción institucional. Sheinbaum y su equipo han subrayado la importancia de no permitir injerencia extranjera en casos judiciales o decisiones de seguridad interna
Claudia Sheinbaum ha dejado claro que México actúa con autonomía en materia de seguridad nacional y extradiciones. Las versiones sobre presiones de Estados Unidos para entregar “narcopolíticos” se han desmentido con firmeza por el Ejecutivo y la diplomacia mexicana. Las decisiones recientes, como el envío de criminales a EE.UU., se enmarcan en facultades constitucionales y legales del país, y responden a criterios propios de protección nacional—no a exigencias externas.
