Miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una conferencia conjunta en la que exigieron al gobierno federal dejar de culpar a administraciones anteriores por la crisis de inseguridad en México. Según los legisladores, la cifra de homicidios supera los 200 000 casos y el país exige una estrategia clara y efectiva ante el crimen organizado.
Los senadores criticaron que el discurso oficial se limite a reprochar el pasado y no asuma la responsabilidad actual de gestionar y reducir la violencia. Al señalar la existencia de un “pacto impune con el crimen organizado”, los legisladores de oposición pidieron que se rompa ese vínculo si verdaderamente se desea un cambio en el rumbo de la seguridad pública. La acusación apunta a una relación permisiva entre autoridades y estructuras delictivas que, según su análisis, mantiene la violencia a niveles críticos.
La demanda ocurre en un contexto en el que el asesinato de figuras públicas —como el alcalde de un municipio michoacano y líderes citrícolas en la misma entidad— volvió a poner sobre la mesa la incapacidad percibida del Estado para garantizar la protección ciudadana. Los senadores argumentan que la estrategia actual no da resultados visibles y que la narrativa de culpar al pasado perpetúa la sensación de que no se actúa con urgencia.
Asimismo, los opositores aseguraron que la administración vigente debe presentar un plan concreto con objetivos medibles y plazos definidos. No basta con discursos simbólicos. En ese sentido, insistieron en la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia, coordinación entre fuerzas de seguridad y transparencia en los recursos destinados a la prevención del delito. Se trata, dijeron, de cambiar la estrategia y no solo el discurso.
La carga de la herencia política en seguridad
La referencia constante al pasado por parte del gobierno —en relación con la violencia heredada de anteriores administraciones— ha sido objeto de críticas porque, según la oposición, impide reconocer la responsabilidad presente. Esta visión, sostienen los senadores de PAN y PRI, distorsiona la rendición de cuentas y dificulta la evaluación objetiva de resultados de la política de seguridad.
Desde esta perspectiva, la oposición plantea que más allá de adjetivar el pasado como culpable, se requieren acciones inmediatas: revisar la estructura institucional de la seguridad, rendir cuentas públicas, mejorar la capacitación policial y modernizar el sistema de justicia. En su visión, solo mediante un enfoque integral se puede revertir la tendencia actual de violencia.
No obstante, los defensores del gobierno podrían argumentar que la situación de inseguridad es multifactorial y se arrastran dinámicas profundas que requieren tiempo. Desde esta óptica, señalar el pasado no es evasión, sino un reconocimiento de la complejidad del problema. Pero los senadores de oposición sostienen que ese reconocimiento no debería suplantar la obligación de actuar aquí y ahora.
La propuesta de dejar de “culpar al pasado” también tiene implicaciones políticas: busca que la sociedad valore el desempeño presente del gobierno sin que este se esconda tras administraciones anteriores. Es decir, se llama a que la evaluación se realice con base en lo que se está haciendo hoy, y no solo en lo que se heredó. Para los senadores de PAN y PRI, ese cambio de narrativa es fundamental para legitimidad y eficacia.
