El Senado de la República ha identificado a al menos 20 candidatos a jueces y magistrados con presuntos nexos con el crimen organizado, incluyendo la liberación sistemática de narcotraficantes mediante amparos. Ante esta situación, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció la intención de impugnar estas candidaturas antes de la elección judicial programada para el 1 de junio.
Discrepancia con el INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) sostiene que las candidaturas deben mantenerse hasta después de la elección, argumentando que los nombres ya están impresos en las boletas. Sin embargo, Fernández Noroña considera que es posible retirar la elegibilidad de estos candidatos antes de los comicios, evitando así que asuman cargos judiciales si resultan electos.
Perfiles cuestionados
Entre los candidatos señalados se encuentran:
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Fernando Escamilla Villarreal, exdefensor de miembros del cártel de Los Zetas, con antecedentes penales por portación ilegal de armas.
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Andrés Montoya, exadministrador penitenciario en Sonora, vinculado a la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota.
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Jesús Humberto Padilla Briones, detenido con drogas y armas, ahora candidato a juez penal en Nuevo León.
Estos casos han generado preocupación entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes exigen una revisión exhaustiva de las candidaturas para garantizar la integridad del proceso judicial.
Reformas para prevenir infiltraciones
En respuesta a estas preocupaciones, se han propuesto reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitirían al INE verificar la situación patrimonial y fiscal de los candidatos, con el apoyo de instituciones como el SAT y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal.
Conclusión
La identificación de candidatos judiciales con presuntos vínculos al narcotráfico plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de selección. El Senado busca actuar con prontitud para excluir a estos perfiles antes de la elección, mientras que el INE mantiene su postura de esperar hasta después de los comicios. La situación destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación y supervisión para evitar la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.
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