El pasado 27 de junio de 2025, las comisiones unidas del Senado —Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; Estudios Legislativos— votaron a favor del dictamen de la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que regula el uso del espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicaciones e infraestructura para televisión, radio, telefonía y plataformas digitale.
Los resultados de la votación fueron consistentes en cada comisión:
- Radio y Cinematografía: 5 a favor, 1 en contra, 1 abstención
- Comunicaciones y Transportes: 13 a favor, 1 en contra, 1 abstención
- Estudios Legislativos: 11 a favor, 2 en contra, 2 abstenciones
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado y se anticipa su discusión en el Pleno en las siguientes horas.
Principales reformas e instituciones renovadas
La nueva ley se erige como salto institucional: desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyo legado data de la reforma de 2013, y da paso a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como autoridad central en esta materia.
Sin embargo, la regulación efectiva recae en una figura independiente: nace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano descentralizado con independencia técnica y operativa, compuesto por cinco comisionados ratificados por el Senado, con voz y voto en concesiones, sanciones y supervisión del sector.
Entre los atributos clave:
- Proteger el derecho a la expresión sin censura previa, conforme a los artículos 209, 215 y 107 constitucionales
- Regulación del espectro, redes y recursos orbitales
- Promoción de competencia justa, infraestructura pasiva, redes públicas y comunicación satelital
- Fiscalización mediante lineamientos técnicos y homologación de equipos e insumos esenciales
Eliminación del artículo 109 y límites al Ejecutivo
El dictamen incorpora la eliminación del controvertido artículo 109, que permitía al Ejecutivo bloquear plataformas digitales, una medida fuertemente cuestionada en etapas anteriores. No obstante, persisten facultades precautorias como suspender transmisiones de propaganda política extranjera bajo conceptos como “derechos de audiencias” y la geolocalización en tiempo real sin orden judicial (artículo 183) —un hecho que ha sido calificado de riesgoso por la oposición.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que de no corregirse estos puntos, el dictamen seguirá generando resistencia por posibles afectaciones a la libertad digital y privacidad ciudadana.
Participación social y enfoque incluyente
El dictamen fue construido tras más de 70 modificaciones y un proceso de diálogo que incluyó cinco conversatorios públicos con expertos, universos de la industria, comunidades indígenas, personas con discapacidad y audiencias diversas. Se destacaron medidas de inclusión como espacios para concesiones comunitarias e indígenas, y mecanismos para garantizar internet universal sin discriminación.
Cobertura futura en el Congreso
Con la votación en lo general aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2025 (369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones), la legislación transita hacia su discusión en lo particular. Se prevé la instalación de reservas y ajustes sobre derechos de usuarios, geolocalización, suspensión de transmisiones y acceso universal.
La implementación formal está prevista con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, fecha en que la ley entra en vigor, abrogando la normatividad de 2014 .
Evaluación crítica: fortalezas y desafíos
Fortalezas
- Derecho a internet y telecomunicaciones garantizado como servicio público de interés general
- Comisión reguladora técnica con independencia operativa
- Inclusión de comunidades marginadas e indígenas en el diseño legislativo
Desafíos pendientes
- Riesgos por geolocalización sin orden judicial y posible padrón de telefonía móvil
- Ambigüedades en facultades de suspensión de transmisiones
- Necesidad de reforma constitucional para que el Senado ratifique plenamente a los comisionados (artículo 76).
La aprobación en comisiones de la nueva ley representa un avance significativo en materia de conectividad, derecho digital y soberanía tecnológica. Sin embargo, el debate legislativo ha de resolver detalles críticos sobre privacidad, censura y control político. El resultado final dependerá de si los ajustes en lo particular logran un equilibrio entre regulación, derechos ciudadanos y competitividad sectorial.
