La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no tiene facultades para imponer multas por vender tortillas almacenadas en hieleras, luego de que circulara información que advertía sanciones de hasta cuatro millones de pesos para los comercios que utilizaran este tipo de recipientes.
La dependencia explicó que estas versiones surgieron a partir de declaraciones incorrectas realizadas por un funcionario regional, lo que generó confusión entre comerciantes y consumidores en distintas partes del país.
Ante ello, Profeco emitió una aclaración pública para precisar cuáles son realmente sus atribuciones y qué aspectos sí supervisa en la comercialización de productos como la tortilla.
Profeco no sanciona temas sanitarios
De acuerdo con la institución, no tiene atribuciones legales para multar a establecimientos por condiciones de higiene, sanidad o manejo de alimentos, ya que ese tipo de sanciones corresponde a otras autoridades sanitarias.
En ese sentido, la Procuraduría enfatizó que las versiones que señalaban multas millonarias por vender tortillas en hieleras no corresponden a sus funciones.
“Esta Procuraduría no tiene facultad para multar por el manejo o condiciones sanitarias en la venta de tortillas”, indicó la institución al aclarar la información que se difundió recientemente.
Qué sí vigila Profeco en la venta de tortillas
Aunque la dependencia no puede sancionar por temas sanitarios, sí supervisa otros aspectos relacionados con los derechos de los consumidores.
Entre sus funciones está verificar que los establecimientos muestren los precios de manera visible y respeten el costo anunciado al momento de la compra.
También revisa que las básculas utilizadas en los comercios estén correctamente calibradas para garantizar que los consumidores reciban el peso completo del producto adquirido.
Monitoreo de precios en tortillerías
Profeco señaló que realiza un seguimiento constante del mercado a través del programa “Quién es Quién en los Precios”, mediante el cual monitorea los costos de las tortillas en más de 600 tortillerías del país.
Este programa forma parte del Acuerdo Maíz–Tortilla, una iniciativa que busca mantener transparencia en los precios de uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana.
Además, la dependencia puede verificar que los comercios cumplan con las disposiciones comerciales establecidas para la venta de productos derivados de la masa y la tortilla.
Confusión generada por declaraciones previas
La aclaración de Profeco surge después de que circulara información en algunos estados sobre supuestas sanciones de hasta cuatro millones de pesos para los negocios que vendieran tortillas en hieleras.
Según la institución, estas declaraciones fueron hechas de forma equivocada por un funcionario regional y no reflejan las atribuciones reales del organismo.
Ante la confusión generada, la Procuraduría reiteró que su objetivo principal es garantizar relaciones de consumo justas, transparentes y con información clara para los consumidores.
