El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, iniciado el 29 de mayo, ha generado largas filas y suspensión de trámites en juzgados familiares, afectando principalmente a quienes esperaban resolver casos de divorcio, pensión alimenticia y custodia. La paralización continúa, pues los trabajadores rechazan una propuesta de aumento del 5% en salario y 2% en prestaciones al considerarla insuficiente frente a sus demandas de mejores condiciones y renovación sindical.
Cierre prolongado y saturación de procesos
Los juzgados ubicados en Avenida Juárez, en Plaza Juárez, permanecen cerrados, provocando largas filas diarias. Abogados reportan que este retraso implica suspensión en cientos de audiencias diarias, sobre todo en materia familiar. La carga de trabajo acumulada había sido alta antes del paro, debido a la extinción de juzgados y al rezago en procesos de digitalización.
Impacto directo a familias y litigantes
Decenas de familias han mostrado su preocupación. Padres y madres han urgido a que se reanuden actividades para evitar más demoras. Una abogada reportó que en su oficina el número de gente varió entre 10,000 y 20,000 al día, con miles de expedientes sin gestión desde el cierre.
Demandas laborales y rechazo al acuerdo laboral
Los trabajadores exigen un aumento salarial del 7%, renovación sindical y mejores condiciones laborales. La propuesta oficial (5% directo y 2% en prestaciones) fue rechazada por considerarla insuficiente. Reclaman jornadas excesivas y carencia de insumos. Han sostenido manifestaciones con presencia de choque, llegando a enfrentamientos que incluso dejaron heridos.
Autoridades llaman a reanudar labores
La jefa de Gobierno y el presidente del TSJCDMX instaron a retomar labores y resaltaron que el ofrecimiento fue aprobado por la mayoría laboral. Sin embargo, al no obtener consenso, los juzgados continúan cerrados y la ciudadanía sin acceso a servicios esenciales.
Efectos colaterales y consecuencias
Abogados independientes alertan sobre el impacto económico y emocional: detención de trámites de herencias, divorcios sin resolución y retraso en órdenes judiciales como desalojos o pensiones. Además, el colapso administrativo debilita la implementación de los sistemas de justicia orales y digitales.
El prolongado paro en los juzgados familiares del Poder Judicial de CDMX refleja una ruptura institucional. La negativa a aceptar la oferta ha dejado a miles en espera de justicia y ha expuesto problemas estructurales: sobrecarga de trabajo, digitalización lenta y déficit en recursos humanos. El gobierno insiste en retomar el diálogo, pero mientras tanto, las demoras continúan. Urge un acuerdo que equilibre las exigencias laborales con el derecho ciudadano a la justicia oportuna.
