Diversas organizaciones civiles solicitaron al gobierno federal suspender la implementación del registro obligatorio de líneas móviles vinculado a la CURP, al advertir que la medida podría poner en riesgo los datos personales de millones de usuarios sin ofrecer beneficios comprobables en materia de seguridad.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) fue una de las principales voces en cuestionar la estrategia, señalando que no existe evidencia sólida de que este tipo de registros reduzcan delitos como la extorsión telefónica, mientras que sí incrementan los riesgos de filtraciones y uso indebido de información personal.
Vulnerabilidades técnicas encendieron las alertas
El debate tomó mayor fuerza luego de que el pasado 10 de enero especialistas en ciberseguridad detectaran una vulnerabilidad en la plataforma de Telcel, que habría permitido el acceso indebido a datos de usuarios.
Aunque la empresa informó que ya implementó medidas de seguridad adicionales, expertos advierten que el problema no se limita a una sola compañía. Otras operadoras también están obligadas a habilitar sistemas similares en tiempos muy reducidos, lo que incrementa el riesgo de errores técnicos y filtraciones.
Plataformas desarrolladas a contrarreloj
R3D señaló que las empresas de telecomunicaciones contaron con apenas 30 días para diseñar e implementar sistemas de registro, alta y baja de líneas, un plazo que consideran insuficiente para construir plataformas robustas en términos de ciberseguridad.
Por ello, la organización solicitó formalmente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones detener temporalmente el proceso mientras no existan garantías técnicas suficientes para proteger la información de los usuarios.
¿Una medida efectiva contra el delito?
Además del riesgo tecnológico, R3D cuestiona el fondo de la política pública. Según la organización, estudios realizados desde 2016 no han encontrado evidencia concluyente de que el registro obligatorio de líneas telefónicas reduzca delitos como la extorsión o el fraude.
En ese sentido, advirtieron que la medida podría terminar generando más daño que beneficios, al centralizar grandes volúmenes de datos sensibles sin garantías sólidas de protección.
Preocupación por el acceso del Estado a datos personales
Otro de los puntos más delicados es el marco legal. R3D sostuvo que el registro obligatorio podría abrir la puerta a que el Estado acceda a información privada sin orden judicial ni investigación penal en curso, lo que representaría una vulneración al derecho a la privacidad.
Por ahora, las organizaciones piden una revisión profunda de la medida antes de que entre plenamente en operación, bajo una premisa clara: la seguridad no puede construirse a costa de los derechos digitales.
