El pasado 25 de junio de 2025, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que en el proceso legislativo de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia no se contemplan disposiciones para permitir el espionaje político o la vigilancia masiva. Monreal enfatizó que los mecanismos incluidos en la ley respetan la presunción de inocencia, el debido proceso y requieren autorización judicial para interceptaciones telefónicas.
Contexto de la reforma a la seguridad pública
Además de la ley en cuestión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 445 votos a favor y 37 en contra, un esfuerzo por fortalecer la coordinación entre las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad Pública y autoridades estatales. El objetivo declarado es mejorar la prevención del delito, profesionalizar fuerzas policiales e incorporar elementos de inteligencia estratégica.
Monreal rebate acusaciones de “albazo”
Ante críticas de la oposición sobre un posible “albazo” legislativo, el legislador subrayó que el proceso de revisión ha durado más de dos meses, con múltiples dictámenes y modificaciones. “No hay premura ni violación al procedimiento parlamentario”. Destacó además que este dictamen nacional es el fruto de un debate “amplio y reflexivo”.
Protección de libertades y límites legales
Monreal también insistió en que la reforma prohíbe expresamente el espionaje político, descartando la reimplantación de prácticas autoritarias del pasado. Se refirió a la vigilancia que existía durante los regímenes de Miguel Nazar Haro o Fernando Gutiérrez Barrios, y afirmó que hoy no existe persecución ni espionaje político, y que la legislación buscará garantizar la libertad de expresión.
Qué establece la Ley de Inteligencia
El proyecto faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para generar productos de inteligencia, como mapas de delincuencia, radiografías de bandas criminales y reportes sobre actividades financieras y operativas. También contempla estudios sociales, económicos, comerciales y políticos. Sin embargo, Monreal señaló que dichas disposiciones serán discutidas en tribuna y ajustadas para evitar ambigüedades sobre actividades políticas.
Respaldo y preocupaciones institucionales
El coordinador parlamentario defendió que estas reformas no buscan militarizar, sino coordinar esfuerzos contra el crimen organizado con un enfoque profesional y legal. Según él, la presencia de controles judiciales y auditorías respaldadas por el Congreso garantizarán transparencia y rendición de.
Visión de la oposición y futuros debates
La oposición advirtió que la redacción laxa de algunos artículos podría permitir una vigilancia excesiva o indebida. Se mantendrán tablas técnicas sobre la inclusión de actividades políticas dentro de la función de inteligencia. Monreal confirmó que dichos puntos serán revisados durante el proceso de discusión en el pleno .
En síntesis, Monreal defiende que la actual propuesta de Ley de Inteligencia prioriza la coordinación institucional, la legalidad y los derechos fundamentales, eliminando cualquier intento de espionaje político. La discusión continuará en las próximas sesiones, con especial atención al equilibrio entre seguridad pública y libertades civiles.
