En el marco de la primera elección popular de jueces en México, programada para el 1 de junio de 2025, han surgido preocupaciones respecto a la idoneidad de algunos aspirantes. A pesar de que más de 34,000 personas se registraron para participar en este proceso inédito, diversos actores han señalado la presencia de candidatos con antecedentes cuestionables o sin la probidad necesaria para ocupar cargos en el Poder Judicial.
El proceso de selección, que busca democratizar la elección de jueces y magistrados, ha sido criticado por permitir la inscripción de personas que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos. Según informes, algunos aspirantes carecen de la formación jurídica adecuada o presentan antecedentes que podrían comprometer su desempeño imparcial en la judicatura.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la importancia de la honestidad y la transparencia en este proceso, instando a que se haga pública la información sobre los candidatos para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas. Asimismo, ha señalado que el objetivo de esta reforma es erradicar la corrupción y los privilegios en el sistema judicial mexicano.
Sin embargo, expertos y organizaciones civiles han expresado su preocupación por la inclusión de candidatos con vínculos a grupos religiosos controvertidos o con antecedentes penales. Estas situaciones ponen en entredicho la eficacia de los mecanismos de evaluación y selección implementados por los comités encargados del proceso.
A medida que se acerca la fecha de la elección, se intensifican los llamados a revisar y fortalecer los filtros de selección para garantizar que solo los candidatos más capacitados y éticos lleguen a ocupar puestos en el Poder Judicial. La legitimidad y la confianza en esta histórica reforma dependen en gran medida de la transparencia y rigurosidad con la que se lleve a cabo este proceso.
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