El proyecto de Presupuesto Federal 2026 ha encendido las alarmas en el sector turístico. El documento plantea un incremento de 14.2% al Derecho de No Residente (DNR), la cuota que pagan los turistas extranjeros al ingresar a México. De aprobarse, el cobro pasaría de 861 a 983 pesos por persona, es decir, cerca de 50 dólares adicionales al costo del viaje.
La noticia cayó con especial fuerza en Quintana Roo, estado que concentra aproximadamente la mitad del turismo internacional que llega al país y que, por tanto, sería el más impactado por esta medida.
Voces del sector privado
Sergio León, presidente de Empresarios por Quintana Roo, reconoció que el ajuste responde a una necesidad de recursos del gobierno federal y busca alinear los costos de servicios migratorios a estándares internacionales. Sin embargo, advirtió que la medida no puede analizarse únicamente desde la óptica de las finanzas públicas.
“El riesgo no está en el incremento en sí, sino en perder competitividad global si este ajuste no se traduce en beneficios visibles para los visitantes”, señaló. Quintana Roo, recordó, no compite con otros destinos nacionales, sino con polos turísticos de talla mundial como Punta Cana, Bahamas o Miami.
El impacto en los visitantes
Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC), fue aún más claro: el nuevo monto implica un sobrecosto cercano a los 50 dólares en el boleto de avión de cada turista. “Ese gasto adicional, aunque parezca marginal, puede incidir en la decisión de viaje de quienes evalúan visitar el Caribe mexicano frente a otras playas internacionales”, subrayó.
En un contexto donde la relación calidad-precio es determinante, cualquier cargo adicional que no se traduzca en mejoras tangibles puede desincentivar la llegada de visitantes.
¿Cómo podría justificarse el aumento?
El sector privado coincide en que la clave está en darle destino claro a lo recaudado. León enfatizó que cada peso del DNR debería reflejarse en:
- Procesos migratorios más rápidos y eficientes.
- Personal capacitado en aeropuertos y puertos.
- Infraestructura moderna y adecuada.
- Un trato digno que agilice la llegada de millones de turistas.
“Si el visitante percibe que su contribución mejora su experiencia en México, aceptará el costo. Pero si se percibe como un simple impuesto más, el país perderá competitividad frente a sus rivales internacionales”, advirtió.
Quintana Roo, epicentro del debate
La relevancia de Quintana Roo en el turismo mexicano explica la preocupación. El estado aporta cerca del 50% del PIB turístico nacional y sus playas —Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel— son la carta de presentación de México ante el mundo. Cualquier medida que altere el flujo de visitantes repercute directamente en su economía local, en los empleos y en la percepción global del destino.
Un equilibrio entre finanzas y competitividad
El dilema es evidente: por un lado, el gobierno federal busca incrementar la recaudación para sostener y modernizar los servicios migratorios. Por el otro, empresarios y especialistas advierten que el aumento puede minar la competitividad de México en el mercado global del turismo.
El consenso es que el incremento solo será justificable si se traduce en beneficios claros y visibles para los turistas. De lo contrario, existe el riesgo de que el DNR deje de ser un recurso legítimo de fortalecimiento institucional para convertirse en un freno al crecimiento turístico.
Perspectivas a corto plazo
La discusión sobre el DNR se da en un momento clave para el turismo global, que aún se recupera tras años de volatilidad. Para México, mantener su atractivo frente a otros destinos del Caribe y el Mediterráneo es esencial. El reto será encontrar un equilibrio entre la necesidad fiscal y la promesa de competitividad internacional.
