A poco más de un año de que el Estadio Azteca inaugure el Mundial 2026, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México puso sobre la mesa una propuesta fiscal: crear un impuesto de 3% dirigido a turistas extranjeros que visiten la capital durante eventos de alto impacto.
La iniciativa, presentada por el diputado local Federico Chávez, busca modificar el Código Fiscal capitalino para incorporar el llamado Impuesto por Estancia Turística, una contribución adicional a los gravámenes ya existentes.
¿Quiénes pagarían y en qué casos no aplicaría?
El impuesto no sería general. Aplicaría únicamente a personas extranjeras que estén en la CDMX con fines turísticos y que consuman servicios de:
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Hospedaje (por cada noche de estancia).
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Restaurantes.
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Establecimientos de impacto zonal ubicados en áreas de desarrollo turístico.
No se cobraría si el visitante acredita, mediante documentación migratoria oficial, que su estancia responde a motivos distintos al turismo, como trabajo o estudios.
En el caso de restaurantes y establecimientos, el 3% se aplicaría sobre el precio final del servicio, sin considerar IVA ni IEPS. Hoteles y comercios serían responsables de recaudar y enterar el impuesto mediante declaración mensual.
El argumento: financiar infraestructura ante eventos masivos
La exposición de motivos señala que eventos como la Copa Mundial 2026 generan presión extraordinaria sobre movilidad, seguridad, limpieza e infraestructura urbana.
El planteamiento sostiene que quienes utilizan los servicios turísticos deben contribuir proporcionalmente a su mantenimiento. Como referencia, se citan modelos similares en estados como Quintana Roo y Baja California Sur.
Según el proyecto:
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15% de lo recaudado se destinaría al Fondo Mixto de Promoción Turística.
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85% se canalizaría a zonas de desarrollo turístico donde se origine la recaudación, para mejoras en infraestructura, seguridad y espacios públicos.
La iniciativa fue presentada el 17 de febrero de 2026 y deberá ser discutida en el Congreso capitalino. De aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, con un plazo de hasta 90 días para definir reglas de operación.
El debate no solo será fiscal. También pondrá sobre la mesa el equilibrio entre promoción turística, recaudación y competitividad en un año clave para la ciudad.
