El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), emitió un firme rechazo al reciente aumento de tarifa del 7 % impuesto por Uber. Según la dependencia, este incremento es inconsistente con los compromisos asumidos por la empresa durante el proceso de negociación de la reciente reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales. La medida fue calificada como una acción unilateral y sin justificación sólida.
Motivo del rechazo oficial
La STPS recalcó que, durante las conversaciones previas a la implementación de la reforma, Uber se comprometió a no trasladar los costos derivados de las nuevas obligaciones laborales a choferes o usuarios. Sin embargo, el ajuste se hizo apenas 15 días después del inicio del piloto de la reforma, cuando aún no existe un análisis claro del impacto real en los costos operativos ni una medición del número de conductores incorporados al nuevo régimen.
Defensa laboral y social
El objetivo de la reforma laboral en plataformas digitales es dignificar el trabajo y asegurar protección social para miles de conductores, incluyendo prestaciones y seguridad médica. La STPS advirtió que permitirá operativos conjuntos con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar y sancionar cualquier política tarifaria que evidencie “traslado injustificado de costos” hacia los usuarios o trabajadores, reafirmando el compromiso con los derechos laborales y del consumidor.
Responsabilidad empresarial exigida
El Gobierno hizo un llamado directo a Uber y otras plataformas digitales para actuar con responsabilidad social y respetar los acuerdos firmados. Advirtió que no se tolerarán prácticas que afecten la economía familiar o que obstaculicen el acceso a beneficios laborales a los conductores. Además, se recalcó que los beneficios del modelo económico basado en plataformas no deben ser transferidos de manera injusta a terceros.
El rechazo del Gobierno a la medida tarifaria de Uber marca una postura clara ante las empresas de plataformas digitales: la negociación de la reforma no fue una simple formalidad, sino un compromiso serio tanto para proteger al empleado como al consumidor. Al revisar esta acción, las autoridades buscan garantizar que las nuevas reglas en el sector fortalezcan, y no perjudiquen, el marco laboral y económico diseñado.
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