Familiares, colectivos de búsqueda de desaparecidos y organizaciones civiles respaldaron la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de su presidente, el doctor Olivier de Frouville, de abrir un procedimiento ante la Asamblea General al considerar que en México hay un posible contexto generalizado o sistemático de desapariciones.
«Sabemos que sólo con cooperación internacional y escrutinio independiente, México podrá encontrar una verdadera solución a la realidad de la desaparición forzada, y es ahí donde el gobierno debe colaborar», afirmaron 364 familias, 158, colectivos, 108 organizaciones y 272 personas solidarias que firmaron un comunicado difundido en redes sociales.
También detallaron que desde el 2015 solicitaron al CED aplicar en el país el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas ante una crisis sostenida y en aumento.
Colectivos respaldan al comité de la ONU y piden cooperación internacional para resolver la crisis de desaparecidos
Durante 14 años, diversos y familiares colectivos enviaron información sobre las desapariciones en México, así como sobre las deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas en los últimos cuatro sexenios, afirmaron.
En ese sentido, rechazaron la declaratoria del Senado emitida el 8 de abril en la que se niega que en el país las desapariciones forzadas se practiquen de forma generalizada o sistemático.
#Comunicado 📃📣🚨
Familiares de desaparecidos, colectivos, organizaciones y personas solidarias apoyamos al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en la apertura del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. 🧵👇🏽 pic.twitter.com/73kaUQJNpM
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) April 9, 2025
«Este pronunciamiento, aprobado por mayoría en el Senado y respaldado por su Mesa Directiva representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país», reprocharon los firmantes.
Los colectivos, familiares, organizaciones y personas solidarias señalaron que el Estado tiene la obligación de investigar, buscar y sancionar los delitos relacionados con las desapariciones.
Por lo que, advirtieron que negar la ayuda de mecanismos como el CED «no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia».
Asimismo, afirmaron que el artículo 34 no es una amenaza, sino «el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria».
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO) hay más de 127 personas en ese supuesto.
