A partir del 11 de abril, los ciudadanos canadienses que viajen a Estados Unidos por más de 30 días deberán proporcionar datos biométricos y registrarse ante las autoridades migratorias.
Esta nueva medida, anunciada en el Registro Federal, afectará a entre 2.2 y 3.2 millones de personas, según el Departamento de Seguridad Nacional, e impactará especialmente a los llamados «snowbirds», jubilados canadienses que pasan el invierno en estados como Florida, Texas y Carolina del Sur. Se estima que alrededor de 900 mil canadienses se encuentran en esta situación.
El endurecimiento de los requisitos migratorios refleja el deterioro en las relaciones entre ambos países desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La medida coincide con la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses del 25 % sobre las importaciones de acero y aluminio canadienses, así como sobre otros productos, lo que ha generado tensiones económicas.
Las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el «estado 51» de Estados Unidos han avivado aún más la polémica.
Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que este tema no formará parte de la agenda de la reunión del G7 en Quebec, defendió la postura del presidente al afirmar que la anexión económica de Canadá podría fortalecer la seguridad fronteriza y combatir problemas como el tráfico de fentanilo.
Estas declaraciones han sido recibidas con preocupación en Canadá, cuyos líderes consideran que la retórica de Trump representa una amenaza para la soberanía del país. Mientras tanto, la relación entre los dos históricos aliados continúa enfrentando desafíos en el ámbito comercial y diplomático.
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