El movimiento feminista en México plantea que el siguiente paso en la lucha por los derechos reproductivos es eliminar el delito de aborto de los códigos penales del país. Aunque en los últimos años se han logrado avances importantes en la despenalización en varios estados, especialistas y organizaciones consideran que la criminalización persiste mientras la interrupción del embarazo siga tipificada como delito en la legislación penal.
De acuerdo con activistas y expertas en derechos reproductivos, la permanencia del aborto en los códigos penales genera una contradicción legal: por un lado se reconoce el acceso al procedimiento en ciertas condiciones, pero por otro se mantiene una figura jurídica que puede derivar en procesos judiciales contra mujeres y personas gestantes.
En este contexto, colectivos feministas han señalado que eliminar la tipificación penal permitiría avanzar hacia un enfoque centrado en la salud pública y los derechos humanos, en lugar de un tratamiento punitivo del tema.
Avances en la despenalización del aborto en México
Durante la última década, el debate sobre la interrupción legal del embarazo ha tenido avances significativos en el país. Diversos estados han reformado su legislación para permitir el aborto voluntario dentro de determinadas semanas de gestación, principalmente hasta la semana 12.
Actualmente, más de veinte entidades federativas han aprobado cambios legales en esta materia, aunque el acceso a servicios de salud y la armonización de las leyes aún presentan diferencias entre regiones.
La Ciudad de México fue pionera en 2007 al permitir la interrupción legal del embarazo en las primeras semanas de gestación. A partir de entonces, el debate se ha extendido a otras entidades, impulsado por resoluciones judiciales, reformas legislativas y la presión de organizaciones feministas.
Para activistas, estos avances representan un cambio importante en el reconocimiento de los derechos reproductivos, aunque insisten en que todavía existe una brecha entre la legislación y el acceso real a los servicios de salud.
Persisten denuncias y procesos legales por aborto
Uno de los argumentos centrales del movimiento feminista es que la criminalización continúa mientras el aborto siga contemplado como delito en los códigos penales.
Datos citados por organizaciones civiles indican que entre 2012 y 2025 se registraron 2,169 denuncias por aborto en México, lo que evidencia que la persecución legal sigue siendo una realidad para algunas mujeres y personas gestantes.
Además, especialistas señalan que aún existen personas en prisión por casos relacionados con la interrupción del embarazo. En ese sentido, sostienen que la eliminación del delito permitiría reducir los procesos judiciales y evitar la estigmatización de quienes deciden interrumpir un embarazo.
En palabras de activistas que impulsan estas reformas, el objetivo es claro: “sacar el aborto del Código Penal para frenar la criminalización de las mujeres”.
Reforma legal y debate social en México
El planteamiento de eliminar el aborto del ámbito penal forma parte de una discusión más amplia sobre la política pública en materia de salud reproductiva y derechos de las mujeres.
Especialistas consideran que la reforma legal tendría implicaciones tanto jurídicas como sociales. Desde la perspectiva de organizaciones feministas, el cambio permitiría tratar la interrupción del embarazo como un asunto de salud y no como un delito.
“Los cambios legales son fundamentales, pero también es necesario transformar la visión social sobre el aborto”, han señalado defensoras de los derechos reproductivos, al destacar que la discusión también implica combatir el estigma cultural que aún existe en torno al tema.
El debate continuará en los congresos locales y en el ámbito federal, donde distintas organizaciones buscan impulsar reformas que armonicen las leyes con los criterios judiciales que han declarado inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.
Mientras tanto, el movimiento feminista sostiene que el objetivo es consolidar un marco legal que garantice el acceso a servicios de salud reproductiva sin riesgo de persecución penal.
