Este 14 de agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la incautación de activos vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro por un total de $700 millones, en una medida sin precedentes vinculada a acusaciones de crimen organizado y narcotráfico.
¿Qué bienes fueron confiscados?
- Dos jets privados multimillonarios
- Varias propiedades: una mansión en República Dominicana y múltiples residencias en Florida
- Una granja de caballos
- Nueve vehículos de lujo
- Millones de dólares en joyas y efectivo
Bondi comparó la red de Maduro con una organización mafiosa:
“esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia”.
Recompensa histórica y presiones internacionales
Este operativo coincide con la duplicación de la recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro, ahora fijada en $50 millones, desde la oferta previa de $25 millones. Estados Unidos, junto con la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido, rechaza la legitimidad de la reelección presidencial de Maduro en 2024.
Contexto legal y geopolítico
- Acusaciones previas: Maduro fue inculpado en 2020 por cargos relacionados con narco-terrorismo y conspiración para traficar drogas a territorio estadounidense.
- Operación Tráfico: La DEA incautó hasta 30 toneladas de cocaína vinculadas a redes de Maduro, incluyendo “cerca de 7 toneladas” directamente conectadas con él.
- Doctrina Monroe revivida: El expresidente Trump emitió órdenes militares para actuar contra cárteles en América Latina, incluida la orden de “combatir carteles extranjeros”.
Reacción del régimen venezolano
- Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, calificó el episodio como una “inventiva” de EE.UU. y negó vínculos con el Cartel de los Soles.
- Delcy Rodríguez, vicepresidenta, denunció una “amenaza militar” y una posible intervención en la región.
- El canciller Yván Gil calificó la operación como “un acto terrorista” y parte de una “propaganda política”.
Implicaciones y próximos pasos
- Intensificación de tensiones geopolíticas: Las acciones de EE.UU. aumentan la presión diplomática y podrían complicar aún más las relaciones con gobiernos aliados de Venezuela en la región.
- Relevancia judicial: La lista de bienes confiscados marca un precedente histórico en la persecución financiera de regímenes acusados de narcotráfico.
- Riesgo de intervención: Las amenazas de usar fuerzas armadas bajo teorías como la “doctrina Monroe” elevan el nivel de conflicto internacional.
Con este operativo, Estados Unidos blinda legal y financieramente sus acusaciones contra Nicolás Maduro, fortaleciendo la narrativa del narco dictador al que se le retira acceso a recursos clave. La combinación de confiscaciones, recompensas y acusaciones de crimen organizado conforma una estrategia de máxima presión, cuyo impacto dependerá de la capacidad de coordinación con aliados y de cómo reaccionará el sector militar y civil venezolano. Lo que está en juego es más que dinero: es un intento de desactivar los mecanismos económicos que sostienen al régimen chavista.
También puedes leer: Cuarta Transformación disminuye históricamente la pobreza en México
