La diputada federal Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del partido Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta para reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución con el objetivo de despenalizar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, eliminando el enfoque punitivo vigente.
Ballesteros sostiene que el actual modelo prohibicionista no solo ha fracasado en disminuir el consumo, sino que también fortaleció el crimen organizado, al generar un mercado negro con productos sin regulación sanitaria. Por ello, propone abordarlo desde una óptica de salud pública, no criminal.
Gravar para invertir: IEPS e IVA como instrumentos fiscales
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es instaurar un modelo regulatorio y fiscal que grave la cadena de suministro de estas sustancias con el IEPS y el IVA. Ballesteros argumenta que esta medida podría generar hasta 1.1 billones de pesos anuales, aproximadamente el 12 % del Presupuesto de Egresos, un volumen superior al presupuesto de salud y casi el triple del de educación.
Estos recursos estarían destinados a apoyar iniciativas de salud, prevención y seguridad, ejecutadas a nivel federal y estatal a través de una coordinación normada por el Legislativo y el Ejecutivo.
Marco legal y transitorio propuesto
La reforma constitucional facultaría al Congreso para legislar sobre contribuciones específicas a estas sustancias. El plan contempla:
- Un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, liderado por el Ejecutivo, con participación de los gobiernos estatales en un plazo de 180 días.
- Modificaciones a la legislación fiscal y penal dentro de un año, a través de parlamentos abiertos con participación ciudadana.
Ventajas y críticas al modelo regulatorio
El planteamiento busca debilitar financieramente al crimen organizado y desatar una transición hacia la regulación fiscal, con efectos esperados como:
- Mercado regulado con control de calidad y protección al consumidor.
- Desvío de recursos ilícitos hacia servicios públicos esenciales como salud y educación.
- Reducción de la violencia asociada al tráfico y mercados clandestinos.
Sin embargo, la medida también enfrenta retos sociales y políticos:
- Riesgo de un incremento en el consumo, especialmente entre población vulnerable.
- Dificultad para implementar controles sanitarios eficientes.
- Controversia moral en torno a la legitimación del uso de drogas.
Una agenda que marcará el rumbo de la política de drogas
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y ha abierto el debate sobre una política más eficaz y humana. Si avanza, México podría convertirse en un referente al combinar despenalización, regulación fiscal y protección sanitaria.
Será fundamental el análisis técnico, político y social bajo un esquema de parlamento abierto. El éxito o fracaso de esta propuesta definirá si el país opta por una política de drogas con base en la salud y el bienestar, en lugar del castigo.
También puedes leer: Sheinbaum: caída del tráfico de fentanilo 40 % tras colaboración con Trump
