El 12 de mayo de 2025, un grupo de 49 ciudadanos sudafricanos blancos, en su mayoría afrikáners, arribó a Estados Unidos tras recibir estatus de refugiados por parte de la administración del presidente Donald Trump. La medida ha generado una intensa polémica tanto en el ámbito nacional como internacional, al ser percibida por muchos como una decisión motivada políticamente y con connotaciones raciales.
Acusaciones de «genocidio» y respuesta sudafricana
La administración Trump justificó la concesión de asilo alegando que los granjeros blancos en Sudáfrica son víctimas de un supuesto «genocidio» y discriminación sistemática, especialmente tras la implementación de leyes de expropiación de tierras sin compensación. El presidente Trump afirmó que estos ciudadanos enfrentan una «persecución racial» sancionada por el Estado sudafricano.
Sin embargo, el gobierno sudafricano, encabezado por el presidente Cyril Ramaphosa, rechazó categóricamente estas afirmaciones. Según datos oficiales, los delitos relacionados con explotaciones agrícolas no se dirigen de forma desproporcionada contra los terratenientes blancos. Organizaciones como Genocide Watch han señalado que, aunque los blancos representan alrededor del 8% de la población sudafricana, solo constituyen el 2% de las víctimas de asesinato, desmintiendo la narrativa de un genocidio.
Críticas internas y respuesta de organizaciones religiosas
Dentro de Estados Unidos, la decisión ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones y líderes religiosos. La Iglesia Episcopal anunció el fin de su colaboración con el programa federal de reasentamiento de refugiados, argumentando que la priorización de los afrikáners blancos sobre otros grupos vulnerables contradice su compromiso con la justicia racial. El obispo presidente Sean Rowe expresó que esta medida es «injusta» y que la iglesia enfocará sus esfuerzos en apoyar a inmigrantes ya presentes en el país o varados en el extranjero.
Implicaciones geopolíticas y relaciones bilaterales
La concesión de asilo a los afrikáners ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica. El gobierno sudafricano calificó la medida como «políticamente motivada» y perjudicial para la democracia constitucional del país. Además, la administración Trump suspendió la ayuda financiera a Sudáfrica, criticando su postura en el Tribunal Penal Internacional contra Israel y su ley de expropiación de tierras.
La situación también ha generado debates sobre la definición y aplicación del estatus de refugiado, así como sobre las prioridades en las políticas de inmigración de Estados Unidos. Mientras algunos ven la medida como una respuesta necesaria a la discriminación, otros la consideran una muestra de parcialidad y racismo institucional.
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