La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respondió con firmeza al anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que advirtió que México atraviesa una situación preocupante de desapariciones. La CNDH, presidida por Rosario Piedra Ibarra, aseguró que el organismo internacional está “totalmente descontextualizado” respecto a las razones detrás de la persistencia de estos crímenes en el país.
ONU anuncia medidas extraordinarias
El presidente del Comité, Olivier de Frouville, informó que se abrirá un procedimiento especial para analizar a fondo el fenómeno de las desapariciones en México y determinar si se presenta el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Como parte de este proceso, se aplicarán tres mecanismos extraordinarios, incluyendo acciones urgentes y el uso de comunicaciones individuales.
La declaración de Frouville provocó una reacción inmediata del organismo mexicano, que rechazó rotundamente que en el país se viva una crisis de desapariciones, y mucho menos que estas sean producto de una política de Estado.
CNDH defiende respuesta soberana
En un comunicado, la CNDH expresó:
Creemos que el posicionamiento del presidente del CED está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país.
Agregó que, si bien el problema es innegable, la solución debe surgir de una acción integral del Estado mexicano.
La presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior han probado su poca eficacia y, en ocasiones, incluso han complicado lo que se pretende remediar, — subrayó.
Como parte de su estrategia para fortalecer la atención ciudadana, la CNDH anunció la apertura de una oficina regional en Guadalajara, Jalisco, que entrará en operaciones el próximo 15 de abril de 2025. Mientras tanto, desde este lunes estará funcionando una Volanta Móvil, lista para recibir peticiones y brindar orientación en la ciudad.
Esta nueva sede, explicó la comisión, es parte de una visión soberana de defensa de los derechos humanos, que prioriza la prevención sobre la reacción. Se trata también de un ajuste estratégico, derivado de un análisis profundo sobre el funcionamiento actual de las oficinas regionales.
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