Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado procedimientos de expropiación sobre 800 predios ubicados en la zona conocida como Ciudad Central —que abarca partes de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Azcapotzalco—.
De ese total, 83 inmuebles ya cuentan con declaratoria formal de utilidad pública, lo que significa que pasarán a formar parte del patrimonio estatal para su intervención y reasignación.
Las autoridades capitalinas señalan que la mayoría de los predios seleccionados se encuentran abandonados, presentan riesgo estructural o resultaron afectados por los sismos de años recientes, por lo que su recuperación es considerada prioritaria para la seguridad y el desarrollo habitacional.
Destinos previstos: vivienda asequible y proyectos de reconstrucción
El plan gubernamental contempla destinar estos inmuebles a vivienda social, así como a proyectos de reconstrucción para personas afectadas por daños estructurales. La intención es aumentar la oferta habitacional digna en zonas céntricas, donde el acceso a vivienda es limitado.
En 2025, el Instituto de Vivienda (INVI) consolidó 24 expropiaciones, mientras que en 2024 y 2023 se contabilizaron 29 y 10 respectivamente. Algunos de estos predios permitirán la construcción de hasta 740 viviendas nuevas, de acuerdo con estimaciones de la autoridad.
Zonas más intervenidas y características de los inmuebles
Las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez concentran gran parte de los inmuebles en vías de expropiación. Estas zonas poseen edificios de entre 60 y 80 años de antigüedad, muchos de ellos deteriorados o deshabitados desde hace décadas.
Una parte de los predios forma parte del programa de reconstrucción post-sismo de 2017, cuyos propietarios solicitaron apoyo formal para rehabilitación o sustitución de vivienda.
Las intervenciones buscan eliminar riesgos, recuperar espacios subutilizados y reactivar zonas urbanas con infraestructura estancada.
Debate social: derecho a la vivienda y protección a la propiedad privada
El incremento de expropiaciones ha generado debate entre especialistas, vecinos y organizaciones. Mientras el gobierno afirma que la medida es necesaria para garantizar vivienda digna y seguridad estructural, otros sectores piden procesos más transparentes, indemnizaciones claras y participación comunitaria en cada caso.
La discusión gira en torno a cómo equilibrar el fortalecimiento de la vivienda social con la protección a la propiedad privada, evitando conflictos legales o tensiones vecinales.
Retos para una implementación justa y eficiente
Para que el programa cumpla su objetivo, urbanistas y especialistas enfatizan tres retos clave:
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Asegurar calidad constructiva en los nuevos desarrollos de vivienda social.
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Garantizar indemnizaciones justas para propietarios y ocupantes afectados.
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Mantener mecanismos de vigilancia ciudadana, que eviten abusos en el uso de declaratorias de utilidad pública.
Si se ejecuta con rigor técnico y social, la estrategia podría reducir el déficit habitacional en zonas céntricas y mejorar la seguridad estructural. Sin embargo, una mala implementación podría generar tensión social y cuestionamientos jurídicos.
Con información del periódico Excelsior.
