En una escalada sin precedentes, el estado de California ha respondido con firmeza a las recientes redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Decenas de alcaldes, liderados por Karen Bass en Los Ángeles, han exigido poner fin a los operativos de ICE, mientras se registran múltiples protestas, enfrentamientos con la policía y restricciones como toques de queda, en un complejo choque entre autoridad federal y poderes locales.
Origen de las redadas y contexto migratorio
Las operaciones iniciaron el 6 de junio, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), junto con el FBI y HSI, realizaron redadas en fábricas, tiendas y campos agrícolas del área de Los Ángeles, con al menos 100 detenciones iniciales. Tales acciones se enmarcan dentro de la «Operación Safeguard», que prioriza las zonas santuario —municipios que rechazan colaborar con autoridades federales— con el objetivo de deportar a inmigrantes indocumentados, incluyendo personas con antecedentes penales menores.
Respuesta política: alcaldes y gobernador alzan la voz
Treinta alcaldes demócratas, encabezados por Karen Bass, alcalde de Los Ángeles, emitieron un pronunciamiento exigiendo el retiro inmediato de las tropas federales, calificando las redadas como «terroristas» para la comunidad inmigrante. Además, Brenda Olmos, vicealcaldesa de Paramount —otro punto focal— clamó: “Dejen de aterrorizar a nuestros residentes”. El gobernador Gavin Newsom anunció una demanda contra Trump por “violar la soberanía estatal” al desplegar a la Guardia Nacional y marines sin autorización.
Protestas, toques de queda y represión
Las manifestaciones, en principio pacíficas, escalaron cuando la policía empleó gas lacrimógeno y balas de goma. En Los Ángeles se decretó toque de queda en el centro, de 20:00 a 6:00 horas, arrestando a decenas de personas por violarlo, además de cientos por protestas. En Spokane, Washington, también se impuso medidas similares. Se estima que en Los Ángeles fueron alrededor de 300 arrestos relacionados con ambas situaciones.
Despliegue federal y tensiones constitucionales
Trump envió unos 2 000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para proteger instalaciones federales, sin consentimiento de las autoridades locales. El mandatario defendió su decisión, afirmando que «Los Ángeles se habría vuelto una escena del crimen» sin esta intervención. El uso atípico de fuerzas militares en territorio civil —amparado por el Título 10 y con posibles invocaciones al Insurrection Act— ha generado fuertes debates sobre el límite entre seguridad pública y autoridad federal.
Reacciones de líderes federales y estatales
Trump ha usado un tono combativo, incluso sugirió que el gobernador Newsom podría ser detenido por “gerencia deficiente” . Newsom respondió alertando que la democracia está en riesgo y que California podría ser solo el inicio de una estrategia de represión . Una coalición de 18 fiscales generales demócratas calificó el despliegue como “ilegal e inconstitucional”.
Impacto en comunidades migrantes y clima de miedo
La ola de redadas y militarización ha generado temor generalizado entre comunidades latinas y migrantes, con repercusiones negativas en escuelas, lugares de trabajo y espacios públicos. Se reportan casos de arrestados con nacionalidad mexicana y varios de ellos fueron identificados como no delictivos.
Dimensión nacional e internacional
El movimiento de protesta se expandió a cerca de 24 ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Austin y Seattle, consolidándose como la mayor movilización contra Trump desde su llegada a la presidencia. En el plano diplomático, México envió señales de contundencia: la presidenta Claudia Sheinbaum condenó las redadas y se coordina con gobernadores para proteger a sus ciudadanos .
Debate legal y futuro judicial
California presentó recursos judiciales buscando impedir el despliegue militar, pero un juez federal negó medidas cautelares . El caso continuará en tribunales, con audiencias previstas que definirán el alcance de la intervención federal y límites constitucionales.
Balance y perspectivas
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Foro federal estatal: la crisis tensiona aún más la relación entre Washington y California, poniendo en entredicho el modelo de ciudades santuario.
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Derechos civiles vs. seguridad: el uso de fuerzas militares en territorio civil despierta preocupaciones sobre posibles abusos y violaciones a la libertad de expresión.
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Impulso político: para Trump, el ajuste de mano puede fortalecer su base, pero puede también erosionar su imagen a nivel nacional.
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Continuidad del conflicto: se prevén nuevas movilizaciones este sábado, rodeando un desfile militar en Washington, lo cual podría intensificar el choque
