En el primer semestre de 2025, México experimentó un desplome alarmante en la inversión pública destinada al transporte, justo en un año clave para su proyección internacional: el de la organización del Mundial de Fútbol 2026. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto federal para el sector transporte cayó 56.3 % en el periodo enero-agosto respecto al mismo lapso del año anterior: la caída más pronunciada registrada hasta ahora.
Esta caída abrupta no solo despierta preocupación entre especialistas y autoridades, sino que también pone en riesgo obras esenciales en ciudades anfitrionas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la demanda de infraestructura de movilidad y conectividad será crítica durante el evento deportivo.
Un golpe contradictorio en un año estratégico
Que la inversión en transporte sufra una contracción de más del 50 % en un año con grandes demandas de infraestructura es una paradoja que pocos esperaban. En un contexto previo al Mundial, los gobiernos estatales y federal suelen acelerar obras viales, ferroviarias y aeroportuarias; en 2025 ocurrió lo contrario.
Los retrasos ya empiezan a sentirse: denuncias locales alertan que proyectos en la CDMX, Jalisco y Nuevo León podrían no entregarse a tiempo o simplemente quedar truncos. La incertidumbre se extiende sobre qué tan realistas pueden ser las promesas de conectividad y movilidad masiva si la base presupuestaria se derrumbó en un semestre.
Para entender esta caída hay que mirarla en el contexto de políticas de austeridad, presiones fiscales y recortes presupuestarios planteados desde el paquete económico 2025, donde buena parte de los ajustes recayeron sobre infraestructura carretera, transporte y obras públicas.
Riesgos e impactos colaterales
1. Obras inconclusas y sobrecostos
La baja inversión implica menor ritmo de contratación, ejecución y supervisión. Eso suele traducirse en demoras, recálculos y penalizaciones contractuales. En municipios sin margen fiscal amplio, estas contingencias pueden directamente postergar o cancelar proyectos.
2. Infraestructura insuficiente para la demanda internacional
El Mundial de 2026 no es un evento local. Llegarán millones de visitantes, equipos, delegaciones y mercancías. Si los sistemas de transporte —trenes, autobuses, líneas urbanas— no están a la altura, la logística se convertirá en un caos.
3. Desincentivo para inversión privada
La caída del gasto público afecta la confianza de actores privados que podrían cofinanciar obras (concesiones, asociaciones público-privadas). Si el gobierno reduce recursos, los incentivos para participar disminuyen.
4. Brecha territorial y desigualdad
Los recortes suelen concentrarse en regiones menos visibles o más marginadas, agravando desigualdades entre zonas metropolitanas, estados prioritarios y territorios interiores.
¿Hay planes para revertir la tendencia?
Sí, se han anunciado ambiciosos proyectos que pueden actuar como contrapeso, aunque su éxito dependerá del financiamiento y la ejecución:
Proyecto del “Plan México”: vinculado al impulso económico general y al aprovechamiento del Mundial como catalizador de inversiones en construcción, movilidad y servicios.
Programas de infraestructura ferroviaria reconocidos en los planes nacionales hasta 2050: en México, el Programa Nacional Ferroviario (2018–2050) prevé rehabilitación, expansión de vías y nuevos sistemas de transporte de pasajeros.
Obras estratégicas ya en marcha como el tramo Ciudad de México–Querétaro, con 242 km previstos y arranque oficial de trabajos en 2025, cuya finalización se espera en 2027.
Un proyecto intermodal privado de gran escala: en Pesquería, Nuevo León, se ha anunciado una terminal logística con inversión de 250 millones de dólares para reforzar la conectividad entre modos de transporte.
Estos proyectos pueden amortiguar el impacto de la caída presupuestaria, pero no garantizan que compensen el déficit estructural inmediato.
Lecciones para la política pública y el periodismo
1. Transparencia en el gasto sectorial: los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué rubros se reducen partidas, con qué criterios y qué proyectos se priorizan o desarticulan.
2. Auditoría ciudadana y monitoreo: ante recortes tan severos, es vital que organismos independientes, universidades, colectivos y medios tengan acceso a datos para fiscalizar plazos, avances y calidad.
3. Planificación multianual realista: evitar promesas imposibles de cumplir sin respaldo financiero. Los ejercicios presupuestarios deben basarse en escenarios viables, no en voluntarismo.
4. Colaboración público-privada sostenible: en contextos de restricción fiscal, alianzas bien diseñadas pueden acelerar obras; pero también generan riesgos si no se regulan bien los costos y plazos.
5. Cobertura informativa proporcional: el retroceso presupuestario merece seguimiento continuo, crónicas locales, impacto real en usuarios y narrativas que trasciendan cifras.
La caída del 56.3 % en la inversión pública en transporte durante 2025 marca un punto de inflexión riesgoso. En un año donde la infraestructura debería acelerar para prepararse de cara al Mundial 2026, México enfrenta el reto de equilibrar austeridad fiscal con urgencias logísticas. El tiempo dirá si los proyectos ambiciosos logran subsanar la brecha o si el país llegará al evento con deudas estructurales en movilidad.
Este cuadro exige no solo actuar técnicamente, sino que la sociedad —medios, expertos, ciudadanos— vigile de cerca qué se hace con los recursos y qué no, porque no habrá segunda oportunidad para mostrar al mundo una cara funcional de nuestro sistema de transporte.
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