El miércoles 30 de julio de 2025, Alejandro Moreno Cárdenas —mejor conocido como “Alito” Moreno—, dirigente nacional del PRI y senador, dio un giro dramático a su situación política: mientras enfrenta una nueva solicitud de desafuero por presuntas irregularidades financieras durante su administración como gobernador de Campeche, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un paquete de denuncias penales dirigidas contra destacados líderes de Morena y de la Cuarta Transformación (4T), entre ellos el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
¿Quiénes están en la mira?
Moreno no se contuvo: en conferencia de prensa desde el Senado, acompañado por legisladores del PRI, detalló que su denuncia incluye a:
- El expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalado por supuestos vínculos con el crimen organizado.
- Andrés Manuel López Beltrán, su hijo y secretario de Organización de Morena, implicado en una presunta red de robo de combustibles (huachicol).
- Gobernadores y exgobernadores como Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Rutilio Escandón (Chiapas), Layda Sansores (Campeche).
- Figuras clave en el gobierno: Mario Delgado (secretario de Educación), Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California), Manuel Bartlett (director de la CFE).
Además, Moreno pidió la renuncia de Adán Augusto López Hernández como senador y presidente de la Junta de Coordinación Política, argumentando que su cercanía con su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez (prófugo de la justicia), es incompatible con su cargo.
¿Qué dijo Alito sobre esta acción?
Moreno enfatizó que estas denuncias buscan que la FGR investigue y esclarezca hechos que aseveró también han sido señalados a nivel internacional. En sus redes sociales, aseguró que llevará estas denuncias a Estados Unidos y a la Corte Penal Internacional, y calificó su denuncia como un acto en defensa de México frente a lo que llamó “narcopolítica”.
El contexto: la otra batalla legal
Estas acciones de Moreno ocurren en medio de una reactivación de una solicitud de desafuero en su contra impulsada por la Fiscalía de Campeche, por un presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su mandato como gobernador. Se le atribuyen cuatro carpetas de investigación y están involucradas al menos 17 personas, algunas ya vinculadas a proceso.
Moreno calificó esta ofensiva legal como un intento de distraer la atención pública, y reiteró que no permitirá lo que considera una persecución política.
Desde una perspectiva periodística, se trata de un choque de acusaciones entre dos fuerzas políticas fundamentales, en un momento preelectoral tenso. Alito Moreno busca revertir la narrativa victimizándose y acusando, mientras la FGR y actores de Morena mantienen la presión con procesos jurídicos en curso. El escenario abre una fase de alto voltaje político-legal que podría marcar el rumbo de la agenda pública y las siguientes elecciones.
