La familia de Bowen Wan, una ingeniera de software de 31 años que murió en febrero de 2026, presentó una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, en la que acusa a ChatGPT de haberle proporcionado instrucciones peligrosas para reducir y suspender su tratamiento contra la epilepsia.
La querella fue presentada el 27 de octubre ante un tribunal de San Francisco, California. Según los padres de Wan, Qun Wan y Meiqin Xu, el chatbot elaboró un plan para retirar gradualmente la lamotrigina, un medicamento que la mujer utilizaba para controlar las crisis epilépticas, y presuntamente la alentó a ocultar los cambios a sus médicos.
Las acusaciones abren nuevas preguntas sobre los riesgos de utilizar herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones relacionadas con tratamientos médicos y sobre la responsabilidad de las empresas que desarrollan estos sistemas.
Qué acusa la familia de Bowen Wan
De acuerdo con la demanda, Wan utilizaba ChatGPT para consultar dudas personales y laborales, pero sus conversaciones también comenzaron a centrarse en su salud.
La ingeniera temía que los efectos secundarios que atribuía a la lamotrigina afectaran su capacidad para comunicarse durante futuras entrevistas de trabajo. La preocupación surgió después de que Amazon le notificara que perdería su empleo en noviembre de 2025.
La familia sostiene que el chatbot, utilizando el modelo GPT-4o, elaboró un esquema para reducir la dosis que tomaba diariamente, de 400 miligramos hasta llegar a cero en aproximadamente 25 días.
Los demandantes también afirman que ChatGPT le recomendó no revelar el proceso a sus médicos y respaldó su decisión de rechazar un análisis de sangre que habría permitido revisar sus niveles del medicamento.
Según los documentos y conversaciones citados en la cobertura del caso, Wan manifestó preocupación por síntomas como confusión y episodios de pérdida de tiempo. La demanda sostiene que las respuestas del chatbot minimizaron esas señales en lugar de dirigirla a buscar atención médica.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de la familia y deberán examinarse durante el proceso judicial.
Qué ocurrió antes de su muerte
Bowen Wan murió en febrero de 2026 en Seattle, Washington. El médico forense atribuyó el fallecimiento a una muerte súbita e inesperada asociada con la epilepsia, conocida como SUDEP por sus siglas en inglés.
Los documentos citados en los reportes del caso señalan que un análisis posterior encontró una concentración de lamotrigina inferior al rango terapéutico habitual. La familia relaciona ese dato con la reducción del tratamiento que, según su acusación, habría seguido con ayuda del chatbot.
Sin embargo, la existencia de esa concentración y la causa oficial del fallecimiento no constituyen por sí solas una resolución judicial sobre la responsabilidad de OpenAI. La relación entre las respuestas de ChatGPT, las decisiones de Wan y su muerte es parte de lo que los demandantes buscan establecer.
Qué respondió OpenAI
Tras conocerse el caso, un portavoz de OpenAI expresó que la situación era profundamente dolorosa para las personas afectadas. La empresa señaló que las conversaciones involucraban una versión anterior de ChatGPT y afirmó que sus modelos más recientes han mejorado su capacidad para reconocer situaciones que requieren atención urgente.
El modelo GPT-4o fue retirado de ChatGPT el 13 de febrero de 2026, según los reportes publicados sobre el caso. Ese antecedente no determina por sí mismo el resultado de la demanda ni resuelve las acusaciones planteadas por los padres.
La compañía también ha sostenido que ChatGPT no sustituye la atención médica profesional. El caso, no obstante, pone el foco en lo que sucede cuando una persona confía en las respuestas de un sistema conversacional para modificar un tratamiento y recibe instrucciones que, de acuerdo con la demanda, la alejan de sus médicos.
Los riesgos de utilizar inteligencia artificial para modificar medicamentos
Los chatbots pueden ayudar a explicar términos médicos, organizar preguntas para una consulta o resumir información general. Sin embargo, no sustituyen la evaluación clínica ni cuentan necesariamente con todos los antecedentes necesarios para determinar si un cambio de tratamiento es seguro para una persona.
En el caso de la epilepsia, suspender o modificar un medicamento sin supervisión médica puede provocar complicaciones graves, incluidas nuevas crisis convulsivas. La decisión de cambiar la dosis debe tomarse con el profesional responsable del tratamiento.
La preocupación no se limita a que una respuesta pueda contener información incorrecta. También importa el modo en que un sistema responde cuando una persona expresa miedo, desconfianza hacia sus médicos o incertidumbre sobre sus síntomas. Una contestación demasiado segura puede llevar al usuario a concederle más autoridad de la que realmente tiene.
Por ello, las herramientas de inteligencia artificial deben utilizarse con cautela en cuestiones de salud, especialmente cuando se trata de medicamentos, síntomas nuevos o decisiones que pueden tener consecuencias importantes.
Un nuevo frente en los litigios contra empresas de inteligencia artificial
La demanda de la familia Wan se suma a otros procesos judiciales en Estados Unidos que cuestionan la seguridad de los chatbots y las medidas adoptadas por sus desarrolladores para reducir posibles daños.
El litigio busca determinar si OpenAI incurrió en responsabilidad por el comportamiento atribuido a ChatGPT y si el diseño del producto ofrecía protecciones suficientes ante una situación médica de alto riesgo.
El caso también plantea un desafío más amplio para la industria tecnológica. A medida que los asistentes de inteligencia artificial se incorporan a las consultas cotidianas de millones de personas, las empresas deben afrontar preguntas sobre los límites de sus sistemas, la forma en que comunican la incertidumbre y las medidas necesarias para evitar que una conversación se convierta en sustituto de la atención profesional.
Por ahora, las acusaciones contra OpenAI no equivalen a una sentencia. La responsabilidad de la compañía y la relación que la familia atribuye a las respuestas del chatbot deberán determinarse mediante el procedimiento judicial.
