Un grupo de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Tamaulipas prepara una demanda colectiva por presuntas irregularidades en la autorización de créditos hipotecarios para adquirir viviendas usadas.
Los afectados señalan al delegado regional, Claudio Aquiles Villanueva Vázquez, y denuncian que solicitudes previamente avanzadas fueron rechazadas mediante restricciones digitales relacionadas con el historial del Buró de Crédito.
Derechohabientes reportan bloqueos de seis meses
De acuerdo con los testimonios recopilados, trabajadores interesados en comprar inmuebles de terceros han enfrentado bloqueos de hasta seis meses dentro de la plataforma del Instituto.
Uno de los denunciantes, identificado como Carlos N., relató que realizó los trámites correspondientes para adquirir una vivienda y pagó un avalúo de aproximadamente 7 mil pesos.
Sin embargo, al concluir el procedimiento, su solicitud fue rechazada con el argumento de que registraba antecedentes en el Buró de Crédito.
Los afectados consideran que la decisión representa un obstáculo para ejercer sus opciones de financiamiento habitacional.
Denuncian ofrecimientos de viviendas en Altamira
El trabajador aseguró que, después de la negativa, recibió una llamada de personas que se identificaron como representantes del Infonavit.
Según su testimonio, le ofrecieron adquirir uno de los departamentos del programa federal Casas del Bienestar en Altamira, donde supuestamente podría obtener financiamiento sin la misma evaluación crediticia.
Otros trabajadores y asesores inmobiliarios reportaron situaciones similares durante las últimas dos semanas.
Estas declaraciones constituyen denuncias de los interesados y no una determinación oficial sobre la existencia de un esquema institucional de condicionamiento.
Abogado cuestiona criterios utilizados para rechazar créditos
Pedro Rocha Vallín, abogado especialista en materia laboral, señaló que las medidas denunciadas podrían vulnerar derechos relacionados con el acceso a la vivienda.
El litigante argumentó que el Infonavit opera como un organismo de seguridad social y que sus mecanismos de financiamiento deben respetar las disposiciones constitucionales.
También cuestionó que trabajadores realicen gastos de avalúo antes de recibir una negativa definitiva.
Demanda buscará desbloqueo de cuentas
Los representantes legales preparan una acción colectiva para solicitar el restablecimiento de los trámites y la reparación de posibles daños económicos.
La reclamación también contempla revisar los criterios aplicados por la delegación regional y determinar si existen diferencias injustificadas entre las opciones de financiamiento.
Hasta la información difundida, no se había presentado una resolución judicial que acreditara las irregularidades denunciadas.
