Fricción Pública
Por Antonio Trejo
Análisis, contexto y opinión sobre los temas que definen a México.
En política pública hay proyectos que resultan casi imposibles de criticar sin correr el riesgo de parecer insensible.
¿Quién podría estar en contra de construir albercas públicas, centros culturales, gimnasios, bibliotecas, espacios para adultos mayores, servicios de cuidados o instalaciones deportivas gratuitas en las zonas populares de la Ciudad de México?
Prácticamente nadie.
Ese es precisamente uno de los grandes atributos políticos de las UTOPÍAS impulsadas primero en Iztapalapa durante la administración de Clara Brugada y convertidas ahora en una de las principales apuestas urbanas de su gobierno en toda la capital.
El concepto es poderoso.
Llevar infraestructura de gran calidad a comunidades históricamente rezagadas.
Crear espacios donde una familia que jamás podría pagar un club deportivo pueda acceder gratuitamente a una alberca, actividades culturales, talleres, deporte, cuidados y espacios de convivencia.
Democratizar servicios.
Recuperar territorio.
Reconstruir comunidad.
Todo eso tiene valor.
Pero gobernar una ciudad no consiste únicamente en identificar proyectos valiosos.
También consiste en decidir prioridades.
Y entonces surge una pregunta mucho más incómoda:
¿cuánto debe invertir la Ciudad de México en grandes complejos sociales mientras millones de habitantes todavía transitan diariamente entre baches, calles deterioradas, problemas de agua, iluminación insuficiente, inseguridad y servicios públicos deficientes?
Ahí comienza la verdadera discusión.
2 mil 500 millones de pesos para 13 nuevas UTOPÍAS
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2026 contempla alrededor de 2 mil 500 millones de pesos para construir 13 nuevas UTOPÍAS.
Un año antes, el Gobierno capitalino había anunciado aproximadamente 3 mil millones de pesos para intervenir 760 mil metros cuadrados y avanzar en 16 proyectos distribuidos entre las alcaldías.
No estamos hablando de infraestructura marginal.
Son proyectos de cientos de millones de pesos.
La UTOPÍA La Heroica, inaugurada este año en Venustiano Carranza, requirió una inversión reportada de 266 millones de pesos y ocupa cerca de 100 mil metros cuadrados.
La UTOPÍA Acatitla, en Iztapalapa, representó otros 119 millones de pesos.
La estrategia gubernamental contempla eventualmente construir hasta 100 UTOPÍAS en la Ciudad de México.
La magnitud obliga a analizarla como política pública de largo plazo y no solamente como una sucesión de inauguraciones atractivas.
Porque la inversión no termina cuando se corta el listón.
Después hay que pagar personal.
Agua.
Electricidad.
Seguridad.
Mantenimiento.
Equipamiento.
Profesores.
Entrenadores.
Talleristas.
Reparaciones.
Limpieza.
Administración.
Y conservación durante décadas.
Construir una UTOPÍA es relativamente sencillo comparado con financiar correctamente cien durante los próximos veinte años.
Ese es el primer gran reto que pocas veces aparece en las fotografías de inauguración.
¿Funcionan? Sí. Y eso también debe decirse
Una crítica responsable necesita reconocer lo que funciona.
Las UTOPÍAS tienen usuarios.
Muchos.
Información obtenida vía transparencia y publicada sobre los espacios de Iztapalapa indica que durante 2024 alrededor de 4.6 millones de visitas fueron registradas en 15 unidades.
Eso desmiente una crítica fácil: no estamos hablando de “elefantes blancos” completamente vacíos.
Existe demanda.
Hay familias que utilizan albercas públicas.
Jóvenes que practican deporte.
Personas mayores que realizan actividades.
Mujeres que utilizan servicios vinculados al sistema de cuidados.
Niñas y niños que acceden a talleres que quizá sus familias no podrían pagar en el mercado privado.
Investigadores de la UNAM han descrito las UTOPÍAS como un proyecto que integra políticas urbanas, sociales y de salud en territorios marcados históricamente por desigualdades.
Incluso investigaciones académicas recientes basadas en datos de movilidad han encontrado que estos espacios efectivamente atraen usuarios y pueden modificar la geografía cotidiana de acceso a servicios.
Todo eso importa.
Negarlo solamente porque el programa pertenece al gobierno de Clara Brugada convertiría la crítica en propaganda de signo contrario.
Pero reconocer sus beneficios tampoco obliga a aceptar sin cuestionamientos su expansión masiva.
Ahí está la diferencia entre analizar una política pública y defender una marca gubernamental.
Una UTOPÍA no beneficia automáticamente a toda una alcaldía
Este punto resulta fundamental.
Las autoridades suelen presentar cada nuevo complejo utilizando cifras de “población beneficiada” de decenas o incluso cientos de miles de habitantes.
La Heroica, por ejemplo, fue presentada como una infraestructura capaz de beneficiar a más de 100 mil personas.
Acatitla, a más de 50 mil habitantes.
Pero la investigación publicada en septiembre de 2026 por especialistas de la Universidad de California en Berkeley y el Tecnológico de Monterrey introduce un matiz extraordinariamente importante.
El estudio analizó seis meses de movilidad hacia 13 UTOPÍAS de Iztapalapa.
¿La conclusión?
La existencia del espacio no garantiza automáticamente acceso equitativo.
La conectividad mediante transporte público influye directamente en cuántas personas llegan.
Las instalaciones particularmente atractivas —un planetario, un parque temático o servicios especializados— pueden atraer visitantes desde distancias mayores.
Y existe un elemento especialmente revelador:
cuando alrededor de una UTOPÍA existe mayor presencia de delitos violentos, sus visitantes tienden a provenir de zonas más cercanas y de menores ingresos.
En otras palabras:
la inseguridad también limita el alcance de la inversión social.
Podemos construir una extraordinaria instalación deportiva.
Pero si llegar hasta ella implica cruzar calles inseguras, caminar por zonas oscuras o gastar demasiado tiempo y dinero en transporte, su impacto se reduce.
Esto responde parcialmente una pregunta central:
¿una UTOPÍA beneficia realmente a toda una alcaldía?
No necesariamente.
Beneficia principalmente a quienes pueden acceder a ella.
La diferencia parece pequeña.
No lo es.
El costo de oportunidad que el gobierno debe explicar
Cada peso público tiene un costo de oportunidad.
Cuando el gobierno utiliza cien pesos para construir algo, esos mismos cien pesos no pueden utilizarse simultáneamente para otra cosa.
Eso no significa que el dinero de una UTOPÍA pueda trasladarse automáticamente a cualquier programa. Los presupuestos tienen clasificaciones, responsabilidades institucionales y fondos específicos.
Pero políticamente existe una obligación de explicar prioridades.
Para 2026, la Ciudad destinó un fondo adicional de mil millones de pesos exclusivamente para repavimentación, además de mil 850 millones para infraestructura urbana en las 16 alcaldías mediante el FIMAS.
Comparemos solamente la escala.
UTOPÍAS: aproximadamente 2 mil 500 millones.
Fondo adicional para repavimentación: mil millones.
La comparación no demuestra que una partida deba sustituir a la otra.
Pero sí permite entender por qué muchos ciudadanos pueden preguntarse:
¿por qué construir un enorme complejo deportivo si la calle frente a mi casa lleva meses destruida?
La respuesta gubernamental podría ser correcta: ambas cosas deben hacerse.
Perfecto.
Entonces el estándar debe ser precisamente ese.
Ambas.
No construir infraestructura emblemática mientras el mantenimiento cotidiano permanece rezagado.
La ciudad espectacular y la ciudad cotidiana
Hay dos formas muy distintas de gobernar urbanísticamente.
Una produce grandes proyectos.
La otra mantiene funcionando diariamente una ciudad.
La primera genera fotografías.
La segunda rara vez consigue una portada.
Nadie inaugura solemnemente un bache reparado.
No existe una ceremonia espectacular porque una luminaria volvió a funcionar.
No hay discursos nacionales porque una coladera fue desazocada.
El mantenimiento urbano es políticamente ingrato.
Pero probablemente sea aquello que más modifica la percepción cotidiana del ciudadano.
La persona que sale de su casa cada mañana no experimenta la Ciudad de México mediante comunicados gubernamentales.
La experimenta cuando conduce.
Cuando camina.
Cuando espera transporte público.
Cuando encuentra basura.
Cuando atraviesa una calle oscura.
Cuando cae en un bache.
Cuando tiene agua.
O cuando no la tiene.
La calidad de una ciudad se mide menos por sus proyectos emblemáticos que por la suma de millones de experiencias ordinarias.
Ahí las UTOPÍAS enfrentan su mayor dilema político.
Pueden ser extraordinarias y aun así no resolver aquello que el ciudadano considera prioritario.
Seguridad: la infraestructura social ayuda, pero no sustituye a la policía
Uno de los argumentos gubernamentales más ambiciosos consiste en presentar las UTOPÍAS como “fábricas de paz”.
La idea tiene fundamento conceptual.
Recuperar un terreno abandonado, iluminarlo, llenarlo de actividades y atraer familias puede mejorar las condiciones del entorno.
Existen experiencias internacionales que respaldan el concepto de urbanismo social.
También existen investigaciones académicas que relacionan acceso a espacios públicos con bienestar y cohesión comunitaria.
Pero debemos evitar el salto retórico.
Una UTOPÍA no sustituye una estrategia de seguridad.
No investiga extorsiones.
No detiene delincuentes.
No desarticula organizaciones criminales.
No fortalece ministerios públicos.
No sustituye patrullajes.
Puede contribuir preventivamente.
Eso es distinto.
La propia investigación reciente sobre Iztapalapa encontró que la violencia alrededor de estos espacios condiciona quiénes llegan y desde dónde.
Es decir:
una UTOPÍA puede contribuir a construir comunidad, pero también necesita seguridad para cumplir plenamente su función.
La relación funciona en ambas direcciones.
El problema silencioso del mantenimiento
Hay otra lección proveniente de Iztapalapa que debería preocupar antes de multiplicar el modelo por toda la ciudad.
Mantener estos complejos cuesta dinero.
Mucho.
En 2023, la propia Clara Brugada señaló que la operación y mantenimiento de las UTOPÍAS de Iztapalapa rondaba los 60 millones de pesos anuales.
Otras estimaciones han colocado el costo aproximado de funcionamiento de una instalación en varios millones de pesos por año, dependiendo de sus características.
Durante 2024, Iztapalapa reportó más de 25 millones de pesos en trabajos de mantenimiento, conservación y ampliación para 11 espacios.
Y también existen reportes periodísticos documentando albercas cerradas, problemas de calefacción, deterioro de instalaciones y actividades suspendidas en algunas unidades.
Nada de esto demuestra que el modelo haya fracasado.
Demuestra algo más sencillo:
la infraestructura pública envejece.
Y cuanto más sofisticada es, más cuesta mantenerla.
Una cancha necesita mantenimiento.
Una alberca necesita muchísimo más.
Un planetario requiere tecnología.
Una pista de hielo tiene costos permanentes.
Un centro acuático consume agua, productos químicos, energía y personal especializado.
Multipliquemos eso por cien.
La pregunta presupuestaria cambia completamente.
Construir cien es una promesa. Mantener cien será la verdadera política pública
Este quizá sea el punto más importante.
Los gobiernos suelen financiar construcción mediante inversión pública.
El problema aparece años después, cuando el gasto corriente debe absorber la operación.
La administración que inaugura no necesariamente será la misma que tendrá que mantener.
Y México está lleno de infraestructura pública que fue políticamente atractiva durante su construcción y presupuestariamente incómoda después.
Por eso antes de construir cien UTOPÍAS deberíamos exigir un documento público extremadamente detallado:
¿Cuánto costará operar cada una?
¿Quién pagará?
¿Qué dependencia será responsable?
¿Cuánto costará el mantenimiento anual?
¿Qué indicadores determinarán si funciona?
¿Cuántas personas distintas la utilizan, no solamente cuántas entradas registra?
¿Qué distancia recorren los usuarios?
¿Qué servicios tienen mayor demanda?
¿Cuáles permanecen subutilizados?
¿Qué impacto existe sobre seguridad, salud, deporte y cuidados?
Medir visitas no es suficiente para medir éxito.
¿Existe corrupción detrás de las UTOPÍAS?
Aquí debemos ser particularmente responsables.
Resulta legítimo preguntar cómo se contratan las obras.
Quién construye.
Cuánto cuestan.
Cómo se modifican contratos.
Quién supervisa.
Cuánto cuesta equiparlas.
Y cómo se comprueban los gastos.
Todo eso debe ser completamente transparente.
Pero existe una diferencia gigantesca entre exigir transparencia y afirmar que el dinero termina en bolsillos de alcaldes o funcionarios.
Hasta ahora, no existe evidencia pública suficiente que permita afirmar de manera general que el programa de UTOPÍAS sea un mecanismo para desviar recursos hacia las arcas personales de alcaldes o servidores públicos.
Decirlo sin pruebas sería irresponsable.
Eso no significa que debamos otorgar un cheque en blanco.
Al contrario.
Cuando un programa pasa de construir una docena de instalaciones a proyectar cien y manejar miles de millones de pesos, la supervisión debe crecer exactamente en la misma proporción.
Contratos abiertos.
Proveedores identificados.
Costos unitarios.
Modificaciones de obra.
Avance físico.
Avance financiero.
Auditorías.
Mantenimiento.
Indicadores de utilización.
Todo debería poder consultarse fácilmente.
La mejor manera de combatir sospechas no es pedir confianza. Es publicar información.
¿Son entonces una mala inversión?
No.
Esa conclusión tampoco estaría respaldada por la evidencia.
Las UTOPÍAS pueden representar una inversión social valiosa.
Especialmente en zonas históricamente excluidas del acceso a instalaciones culturales, deportivas y de cuidados.
El problema surge cuando una buena política comienza a ser presentada como solución universal.
No lo es.
Una alberca pública no repara una avenida.
Un centro cultural no sustituye una patrulla.
Una pista deportiva no resuelve una fuga de agua.
Una biblioteca no elimina un socavón.
Una Casa de Cuidados no sustituye la recolección eficiente de basura.
La justicia social también consiste en que la banqueta sea transitable, que la calle esté iluminada, que el agua llegue y que una persona pueda volver segura a su casa.
No son políticas menores.
Son ciudad.
La falsa elección entre UTOPÍAS y baches
Tampoco deberíamos caer en una simplificación.
La Ciudad de México tiene un presupuesto estimado para 2026 superior a 313 mil millones de pesos.
Puede financiar infraestructura social y reparar calles.
Puede invertir en cultura y seguridad.
Puede construir parques y drenaje.
Puede financiar cuidados y agua.
La pregunta no debería ser:
“¿UTOPÍAS o baches?”
La pregunta correcta es:
¿está el gobierno distribuyendo los recursos de manera proporcional a las necesidades reales de cada territorio y puede demostrar que cada peso produce beneficios suficientes?
Eso es mucho más exigente.
Porque obliga a evaluar.
La verdadera UTOPÍA sería que funcionara toda la ciudad
Clara Brugada ha convertido este programa en una de las principales identidades de su proyecto político.
Tiene razones para hacerlo.
La experiencia de Iztapalapa ofrece elementos positivos.
Existe uso ciudadano.
Existe reconocimiento académico.
Existe capacidad de transformar espacios abandonados.
Existe acceso gratuito a actividades que antes eran inaccesibles para muchas familias.
Pero justamente porque la apuesta es tan grande, merece una evaluación igualmente grande.
La Ciudad de México no necesita elegir entre grandes proyectos sociales y mantenimiento urbano.
Necesita demostrar que puede hacer las dos cosas.
Porque para un gobierno construir un gran complejo puede ser transformador.
Para un ciudadano también puede ser transformador simplemente dejar de esquivar diez baches camino al trabajo.
La política pública comienza a fracasar cuando deja de comprender esa diferencia.
Las UTOPÍAS pueden ser una inversión inteligente.
Pueden reducir desigualdades.
Pueden democratizar servicios.
Pueden reconstruir comunidad.
Pero no deberían convertirse en monumentos a una administración mientras el territorio que las rodea permanece deteriorado.
Su éxito no deberá medirse por cuántas inaugure Clara Brugada.
Ni por cuántos metros cuadrados construya.
Ni siquiera únicamente por cuántas personas crucen sus puertas.
Deberá medirse preguntando si la calidad de vida alrededor de ellas mejoró.
Si son accesibles.
Si permanecen funcionando.
Si están correctamente mantenidas.
Si llegan realmente a quienes más las necesitan.
Y, sobre todo, si su construcción forma parte de una ciudad que también atiende aquello menos espectacular pero igualmente indispensable.
Seguridad.
Agua.
Alumbrado.
Limpieza.
Drenaje.
Banquetas.
Calles.
Baches.
Porque una UTOPÍA rodeada de abandono urbano corre el riesgo de convertirse exactamente en eso:
una isla extraordinaria dentro de una realidad que no cambió.
Y quizá el verdadero objetivo de una política pública no debería ser construir cien UTOPÍAS.
Debería ser lograr que algún día vivir dignamente en cualquier colonia de la Ciudad de México deje de parecer una utopía.
