La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber recibido amenazas de muerte mediante redes sociales, días después de los enfrentamientos registrados durante una manifestación de colectivos trans y trabajadoras sexuales frente a las instalaciones de la demarcación.
La funcionaria publicó capturas de mensajes intimidatorios recibidos en Instagram y aseguró que anteriormente había denunciado situaciones similares sin obtener respuesta.
Alcaldesa denuncia amenazas contra ella y su familia
Mediante su cuenta de X, Rojo de la Vega difundió imágenes de mensajes enviados por un usuario de Instagram que incluían amenazas directas contra su vida y referencias intimidatorias hacia sus hijos.
La alcaldesa sostuvo que continuará documentando las amenazas recibidas y las denuncias que considera desatendidas.
Sin embargo, no precisó si los hechos habían sido formalmente denunciados ante las autoridades ministeriales.
Protesta del 9 de octubre terminó en enfrentamientos
La denuncia ocurrió después de una manifestación realizada el 9 de octubre por integrantes de colectivos de mujeres trans, trabajadoras sexuales y organizaciones LGBT.
Las manifestantes acudieron a la alcaldía para exigir respuestas por presuntas agresiones ocurridas el 6 de octubre durante una jornada de salud sexual en Calzada de Tlalpan.
Los colectivos denunciaron violencia física, discriminación, hostigamiento y pérdida de insumos médicos, además de acusar una respuesta violenta durante la protesta.
Tras los enfrentamientos se reportaron personas lesionadas, algunas de las cuales requirieron atención en el Hospital Rubén Leñero.
Alcaldía Cuauhtémoc rechaza acusaciones
Rojo de la Vega sostuvo que integrantes de su administración recibieron a las manifestantes para escuchar sus demandas.
Según su versión, durante el encuentro también se abordaron solicitudes relacionadas con vivienda y predios abandonados, asuntos que señaló como ajenos a las facultades de la alcaldía.
La funcionaria afirmó que posteriormente se produjeron agresiones contra trabajadores y daños a instalaciones y equipos de cómputo.
Las versiones de las organizaciones y de la autoridad local presentan diferencias sobre el desarrollo de los hechos y las responsabilidades correspondientes.
