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Julieta Ramírez enfrenta cuestionamientos por sanciones de Estados Unidos contra empresario vinculado a su entorno político

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Julieta Ramírez
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Julieta Ramírez Padilla, coordinadora de Morena en Baja California y aspirante a la gubernatura de 2027, evitó responder a cuestionamientos periodísticos relacionados con señalamientos sobre personas cercanas a su proyecto político, después de que autoridades estadounidenses anunciaran sanciones contra presuntos integrantes de una red vinculada con el Cártel de Sinaloa.

La controversia involucra a Rafael Buenrostro Martín, empresario y exfuncionario identificado en publicaciones periodísticas como participante en actividades de promoción política de Ramírez.

Hasta el momento, los reportes sobre esta relación no acreditan que la dirigente de Morena haya participado en las conductas ilícitas atribuidas al empresario.

Departamento del Tesoro sanciona a Rafael Buenrostro

El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a Rafael Buenrostro Martín entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades estadounidenses, Buenrostro habría mantenido una relación cercana con José Ángel Rivera Zazueta, identificado como operador de la organización criminal.

Washington sostiene que el exfuncionario habría proporcionado influencia y favores políticos para facilitar determinadas operaciones a cambio de sobornos.

Buenrostro, originario de Mexicali, trabajó anteriormente en el ámbito aduanero en Chihuahua y como asesor legislativo en Baja California.

Cuestionan participación del empresario en acto de Morena

La controversia política aumentó después de difundirse información sobre la presencia de Buenrostro en el evento del 15 de septiembre, cuando Morena presentó a Julieta Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Una publicación periodística del 6 de octubre señaló que el empresario habría participado en la organización de asistentes y actividades relacionadas con el encuentro.

También fue mencionado como presunto promotor económico del proyecto político de Ramírez, aunque estas versiones no demuestran responsabilidad de la aspirante en las actividades investigadas por Estados Unidos.

Al ser abordada por periodistas, Ramírez evitó pronunciarse sobre estos señalamientos.

Investigación estadounidense involucra a otros exfuncionarios

Las sanciones anunciadas por la OFAC también incluyen a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por presuntamente recibir pagos de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, con el objetivo de permitir la influencia de una organización criminal sobre la Policía Municipal.

En los documentos estadounidenses también aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Las medidas financieras pueden implicar el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar determinadas operaciones. Sin embargo, las sanciones administrativas no constituyen por sí mismas una sentencia penal.

Julieta Ramírez rechaza señalamientos previos

En septiembre, Ramírez también fue mencionada en una publicación sobre una presunta investigación estadounidense y un supuesto acuerdo de colaboración con fiscales conocido como proffer agreement.

La política rechazó esa versión, cuestionó la autenticidad de la información y la calificó como “mitote”.

Su designación como coordinadora de Morena fue anunciada el 15 de septiembre por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, después de un proceso interno de encuestas.

La decisión también fue impugnada por Evangelina Moreno Guerra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras surgieron diferencias con el Partido del Trabajo y el Partido Verde expresó su respaldo a Ramírez.

Los cuestionamientos sobre su entorno político se presentan mientras Morena organiza su participación en las elecciones de Baja California de 2027, sin que la información disponible permita establecer responsabilidad penal de la aspirante por los hechos atribuidos a terceros.

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