Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mantendrá reservada hasta septiembre de 2029 la información relacionada con su patrimonio, luego de una resolución emitida días antes de concluir la administración federal anterior.
La medida está contenida en la resolución CNI/CT/080/24/01, firmada el 27 de septiembre de 2024, tres días antes del final del sexenio de López Obrador. El argumento utilizado para justificar la reserva fue que la divulgación de este tipo de información podría incrementar amenazas o riesgos relacionados con la seguridad nacional.
La reserva incluye a funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia
La decisión no se limita exclusivamente a Martínez Zapata. La resolución alcanzó a servidores públicos pertenecientes al CNI, cuyas declaraciones patrimoniales permanecerán fuera de consulta pública durante el periodo establecido.
La justificación parte de las funciones de inteligencia y seguridad desempeñadas por el organismo, al considerar que determinados datos personales o patrimoniales podrían ser utilizados para identificar vulnerabilidades de quienes forman parte de la institución.
En el caso del general en retiro Audomaro Martínez, el periodo de reserva implica que la información patrimonial permanecerá restringida hasta 2029.
Cuestionan el alcance de la medida
La decisión ha generado un debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional, protección de datos personales y transparencia de los servidores públicos.
Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuestionó que pertenecer a una institución de seguridad sea suficiente por sí mismo para impedir el acceso a una declaración patrimonial.
La excomisionada señaló que la legislación en materia de transparencia permite elaborar versiones públicas de documentos para proteger datos sensibles sin eliminar completamente el acceso ciudadano a la información.
El caso reabre el debate sobre transparencia
Las declaraciones patrimoniales son uno de los mecanismos utilizados para conocer la evolución de los bienes e intereses económicos de funcionarios públicos y forman parte de las herramientas institucionales destinadas a prevenir posibles conflictos de interés.
Sin embargo, existen excepciones y procedimientos de clasificación cuando una autoridad considera que determinada información podría comprometer funciones de seguridad o investigaciones.
En este caso, la reserva fue determinada por el propio Centro Nacional de Inteligencia antes del cambio de administración federal, por lo que el debate se concentra en el alcance que debe tener la protección de información de funcionarios relacionados con tareas de inteligencia.
La clasificación permanecerá vigente hasta septiembre de 2029, salvo que exista una modificación jurídica o administrativa que altere el periodo establecido.
