La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó el 22 de septiembre el análisis de la iniciativa presidencial para modificar la Ley Aduanera. Autoridades y empresarios discutieron cómo combatir la subvaluación sin obstaculizar las importaciones legales.
La ANAM explica los cambios propuestos
Héctor Alonso Romero Gutiérrez, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dijo que las 50 aduanas registran entre 1.8 y 1.9 millones de operaciones mensuales. Añadió que 17 concentran cerca de 96% del comercio exterior.
El funcionario explicó que la iniciativa no cambia los métodos de valoración. Propone eliminar el umbral de diferencia de 50% como condición para determinadas medidas precautorias e incorpora un parámetro de 20% relacionado con la sustitución de un embargo por una garantía.
La ANAM busca proteger la recaudación y la producción nacional. Indicó que el proyecto no modifica las importaciones temporales, régimen utilizado por cadenas industriales como la automotriz y de autopartes.
Empresarios piden distinguir precios bajos de fraude
Concanaco Servytur propuso que una diferencia inferior a 20% permita revisar la operación y solicitar una garantía proporcional sin detener el despacho. La protección no operaría ante indicios de falsedad, simulación, alteración documental, proveedores inexistentes o reincidencia.
Jessica Morales, de Concanaco, señaló que los precios pueden variar por volumen, calidad, marca, temporada, financiamiento, transporte o condiciones contractuales. Por ello, pidió utilizar mercancías realmente comparables y transparentar los datos de referencia.
La organización planteó audiencias técnicas inmediatas, plazos obligatorios para resolver y devolver garantías, así como un programa preventivo para mipymes. Según la exposición de motivos citada, se identificaron 2,541 operaciones con diferencias inferiores al umbral vigente, por unos 1,587 millones de pesos.
El Congreso revisará controles y garantías
Reginaldo Sandoval, del PT, respaldó el objetivo de proteger la producción nacional y sostuvo que la iniciativa conserva mecanismos de defensa. Señaló que acreditar la legal estancia o el valor correcto permitiría devolver las mercancías, sin que el embargo implique perderlas automáticamente.
Carol Antonio Altamirano, presidente de la comisión, fijó tres objetivos para el análisis: preservar la recaudación, fortalecer la seguridad y mejorar la eficiencia. El órgano continuará escuchando a autoridades y sectores involucrados antes de elaborar un dictamen.
Falta definir qué evidencia permitirá iniciar revisiones y retener mercancías. Una alerta de valor y una determinación de fraude son etapas distintas, por lo que los mecanismos de aclaración forman parte central del debate.
La propuesta sigue aún en revisión. La reunión no aprobó cobros ni activó reglas de embargo; sus efectos dependerán del texto que acuerde el Congreso y de su entrada en vigor.
