La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 18 de agosto de 2026 que la cancelación de una visa estadounidense no debe utilizarse para definir la situación de una persona en México ni considerarse automáticamente como evidencia de un delito. La mandataria también señaló que su gobierno no ha solicitado información sobre cuántas visas de mexicanos han sido revocadas por Estados Unidos.
Las declaraciones ocurren en medio de la discusión generada por la revocación del documento migratorio de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Una visa no define a un mexicano”, afirma Sheinbaum
“No, la visa no define a un mexicano o una mexicana”, sostuvo Sheinbaum durante su conferencia matutina. La presidenta añadió que la soberanía del país no depende de la validación de un gobierno extranjero, sino de sus propias instituciones y ciudadanía.
La mandataria insistió en distinguir entre una decisión migratoria tomada por Estados Unidos y una eventual investigación penal en México. Señaló que para iniciar un procedimiento por la posible comisión de un delito deben existir pruebas y utilizarse los mecanismos legales correspondientes.
Gobierno señala que no hay pruebas contra Andy López Beltrán
Sheinbaum aseguró que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), actualmente no existen elementos para investigar a López Beltrán por los señalamientos que lo relacionan con el denominado huachicol fiscal.
“Si hay un delito, que se muestre el delito”, declaró la presidenta al señalar que la cancelación de una visa no sustituye las pruebas necesarias para determinar responsabilidades penales.
Sheinbaum cuestiona falta de información sobre visas
La presidenta también cuestionó que las autoridades estadounidenses puedan cancelar documentos migratorios sin hacer públicas las causas específicas de cada caso. Hasta ahora, Washington no ha informado públicamente las razones particulares detrás de la revocación de la visa de López Beltrán.
La postura del gobierno mexicano mantiene así el argumento de que las decisiones migratorias de Estados Unidos deben separarse de cualquier proceso penal en México, salvo que existan pruebas que puedan ser analizadas por las autoridades competentes.
