En una nueva jornada matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de mantener contacto estrecho con los colectivos de madres buscadoras, y garantizó que tendrán protección y un espacio real para aportar al diseño de políticas en materia de desaparición forzada.
Escucha activa y acción institucional
Ante la inconformidad de los colectivos por el manejo de las investigaciones del rancho Izaguirre —ubicado en Teuchitlán, Jalisco—, Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que se reúnan nuevamente con las madres buscadoras. El objetivo es analizar la información que ellas mismas han recabado y evitar que los hallazgos queden en la sombra institucional.
Durante estos encuentros, se abordarán propuestas concretas para mejorar la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley de Población, que habían sido enviadas al Congreso pero posteriormente pausadas para incluir las aportaciones de los colectivos. Así, las buscadoras aportarán al diseño de una reforma más sólida y alineada con la realidad de las víctimas.
Un respaldo institucional que cobró fuerza
Desde marzo, la Alianza Internacional de Mujeres Feministas solicitó al gobierno y a la ONU garantías jurídicas y físicas a estas activistas que han enfrentado amenazas, criminalización y hostigamiento en territorio. Incluso organismos como la ONU-DH reconocieron a las madres buscadoras como “fuente de luz y dignidad”, subrayando la necesidad de un respaldo real por parte del Estado.
Del compromiso al desafío
A pesar de los anuncios, persiste la exigencia de que esta apertura institucional se traduzca en acciones contundentes y efectivas: protección legal, medidas preventivas, acceso a recursos, asistencia forense y oportunidades de inclusión activa en los procesos de búsqueda e investigación.
La iniciativa impulsada por el senador Beltrones —para otorgar a las buscadoras estatus de «auxiliares oficiales» de la Comisión Nacional de Búsqueda con respaldo jurídico y económico— es un paso significativo que cobra relevancia en este contexto.
Claudia Sheinbaum ha dado señales claras de apertura al diálogo y disposición para fortalecer las leyes contra la desaparición forzada. Sin embargo, la eficacia de estos esfuerzos dependerá de la capacidad del Estado para avanzar de las promesas a las acciones concretas, garantizando que las madres buscadoras no solo sean escuchadas, sino respaldadas con medidas que protejan su labor y promuevan la justicia.
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