México se prepara para su primera elección judicial: más de 99 millones de ciudadanos podrán votar el 1 de junio

Uno de los principales desafíos de esta elección es motivar a la ciudadanía a participar.

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El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un hecho histórico al celebrar su primera elección judicial directa, en la que la ciudadanía elegirá a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), 99 millones 793 mil 821 personas están habilitadas para participar en este proceso democrático sin precedentes.

Un padrón histórico

Según el informe presentado por la Comisión del Registro Federal de Electores del INE, el padrón electoral alcanza una coincidencia del 99.86% con la lista nominal, integrada por 99 millones 938 mil 667 personas, la más alta desde 2006. Del total de electores, el 52% son mujeres, el 47% hombres y se registran 282 personas no binarias.

Voto anticipado para personas con discapacidad

Para garantizar la inclusión, el INE ha implementado un sistema de voto anticipado dirigido a personas con discapacidad o movilidad reducida. Hasta el momento, se han registrado 5 mil 555 ciudadanos para ejercer su voto mediante esta modalidad, de los cuales el 64% son mujeres y el 35% hombres. Destaca el caso de Aguascalientes, que, a pesar de su menor población, cuenta con 293 registros, superando a entidades más grandes como Baja California y la Ciudad de México.

Sistema «Conóceles» avanza en la presentación de candidaturas

El INE también ha informado sobre el progreso del sistema «Conóceles», una plataforma donde los candidatos deben registrar sus semblanzas y perfiles. Hasta la fecha, se han capturado 3 mil 194 de las 3 mil 412 candidaturas esperadas, lo que representa un avance del 93%. Las candidaturas a ministros presentan un avance del 98%; las de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 100%; magistrados de circuito, 98%; y jueces de distrito, 97%.

Desafíos presupuestales y logísticos

A pesar de los avances, el consejero electoral Arturo Castillo expresó su preocupación por la falta de una lista nominal de personas residentes en el extranjero y de aquellas en prisión preventiva, debido a limitaciones presupuestales. Castillo enfatizó la necesidad de garantizar los derechos de estos grupos para participar en el proceso electoral.

Un proceso electoral inédito

Esta elección judicial marca un cambio significativo en la forma en que se designan los integrantes del Poder Judicial en México. Por primera vez, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir directamente a 881 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito

Las boletas electorales serán de distintos colores, correspondientes a cada tipo de cargo, y los votantes deberán marcar el número identificador de cada candidatura, agrupadas por género. Cabe destacar que las campañas de los candidatos serán autofinanciadas, ya que está prohibido el financiamiento público y privado, así como la participación de partidos políticos.

Participación ciudadana: el gran reto

Uno de los principales desafíos de esta elección es motivar a la ciudadanía a participar. Según estimaciones de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se espera una participación entre el 8% y el 15% del padrón electoral. Las restricciones impuestas a los candidatos, como la prohibición de actos masivos, financiamiento público, publicidad en medios y encuestas pagadas, obligan a los aspirantes a basar sus campañas en redes sociales y propaganda impresa.

Conclusión

La elección judicial del 1 de junio representa un paso trascendental en la democratización del sistema judicial mexicano. A pesar de los desafíos logísticos y presupuestales, el INE avanza en la organización de este proceso inédito, que busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la designación de los encargados de impartir justicia en el país.

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